Judicial
Fiscalía obtuvo condena de 8 años de cárcel contra Mecafé por uno de varios delitos de lavado de dinero que se le acusan
Foto: FGR
De manera contundente, la Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que Miguel Menéndez Avelar, conocido como Mecafé, es culpable por cometer un delito de Casos especiales de lavado de dinero y de activos procedentes de un ilícito de corrupción de alto rango; en ese sentido, se le impuso una condena de 8 años de cárcel.
De acuerdo a las declaraciones brindadas por la representación fiscal, el Tribunal estableció tres momentos importantes que permitieron establecer la condena; primero, la adquisición ilegal de la avioneta de parte de MECAFE cuando él fungió como asesor de la presidencia del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), durante la administración presidencial de Mauricio Funes.
Segundo, el proceso de licitación privado – para la adjudicación del proyecto de construcción de un puente en Chalatenango a una sociedad privada extranjera- estaba lleno de irregularidades e ilegalidades que contravenían con las leyes locales, como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) y con la legislación internacional, específicamente con la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Y el tercero, es la utilización, uso, posesión y conocimiento de que la avioneta tenía un origen ilícito y que tenía finalidad de legitimación por parte del procesado.
Contra Menéndez Avelar, se mantienen pendientes dos procesos judicialmente activos en los que habría participado durante la administración de Mauricio Funes, caso de El Chaparral y Saqueo Público.
El fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos explicó que el Tribunal admitió toda la prueba de cargo que se le expuso durante los días que duró la vista pública, validando toda la prueba documental, testimonial y pericial.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
