Judicial
Finaliza audiencia por delitos de crimen organizado atribuidos a 51 terroristas de la MS
El Juzgado Especializado de Instrucción B1 de San Salvador finalizó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve a 51 terroristas de seis clicas de la Mara Salvatrucha del sur del departamento de La Libertad.
El ministerio público solicitó que los pandilleros sean enviados a juicio por cada uno de los delitos con la pretensión de que en una vista pública sean encontrados culpables y reciban hasta más de 100 años por la multiplicidad de hechos atribuidos.
Los mareros enfrentaron la audiencia por los delitos de extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidios, casos especiales de lavado de dinero, desaparición de personas, homicidio, tráfico ilícito de droga y agrupaciones ilícitas.
Los fiscales expusieron al juzgado que los imputados forman parte de las clicas que por décadas estuvieron delinquiendo en los municipios del Puerto de La Libertad, Tamanique, Jicalapa, Teotepeque y Chiltiupán.
Por integrar esas organizaciones terroristas la Fiscalía los acusa de agrupaciones ilícitas, pero les aplican el artículo 345 del Código Penal derogado que tiene una pena de tres a nueve años de prisión, que los hechos ocurrieron antes de las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó el 30 de marzo de 2022.
Respecto al delito de desaparición de personas, uno de los hechos acusados es el de Neftalí Vásquez Esquivel, quien era concejal de la alcaldía de Jicalapa, quien según las pesquisas fue privado de libertad por una clica de ese municipio, el 2 de marzo de 2020, hasta la fecha no han encontrado sus restos.
Ese caso fue el inicio de una amplia investigación que permitió a la representación fiscal identificar a 90 terroristas procesados en dos etapas. Un juzgado de instrucción autorizo la intervención a las telecomunicaciones para rastrear el número de teléfono del regidor.
Los fiscales detectaron que el teléfono de Vásquez Esquivel se estuvo moviendo de clica en clica y hasta hablaron sobre la privación de libertad que habían hecho, posteriormente fueron descubriendo una cadena de delitos, todo quedó grabado en escuchas telefónicas.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
