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Judicial

FGR traspasa al Conab un vehículo BMW decomisado a exministro Munguía Payés

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Este miércoles 25 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició  el proceso de extinción de dominio de un vehículo de lujo, marca BMW, propiedad del exministro de Defensa y de Justicia y Seguridad Pública durante los gobiernos del Fmln, encabezados por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos prófugos de la justicia.

“Se le está entregando al Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) para su administración como parte de los bienes que ya anteriormente también fueron entregados siempre a titularidad del señor David Victoriano Munguía Payés”, explicó una de las fiscales que participó en el procedimiento.

A Munguía Payés se le procesa por lavado de dinero y activos, y por otros delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus funciones como ministro.

El vehículo, modelo 2008, fue adquirido por el exministro cuando fungió como funcionario del gobierno de Funes. “A partir de este momento queda en manos del Conab como ente administrador”, explicó la fiscal.

Además de vehículos y otros artículos, la FGR ha decomisado ocho propiedades por un valor de 1.8 millones de dólares al exministro Munguía Payés, entre estas un rancho de playa y residencias en colonias de San Salvador.

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Judicial

Condenan a 45 años de prisión a sujeto por homicidio com arma blanca

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Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.

 

Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.

La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.

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Judicial

Detienen a sujeto tras agredir a su ex y a su propia hija pese a orden de alejamiento

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Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.

Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.

No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.

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Judicial

Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.

Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.

Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.

Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.

Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.

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