Judicial
FGR solicita para el próximo viernes cambio de tipificación de delito en el caso Carla Ayala
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador ha programado para este viernes 14 de septiembre a las 2:00 de la tarde, una audiencia especial solicitada por la Fiscalía General de la República, solicitando al juez Roberto Arévalo Ortuño un cambio de tipificación de delito contra varios imputados y que se decrete la reserva total del caso.
Según el escrito presentado el pasado viernes 7 de septiembre, la Fiscalía pide que se modifique el delito contra el principal sospechoso de la muerte de la agente Carla Ayala, Juan Josué Castillo Arévalo por el delito de feminicidio, y a Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras por cómplices del feminicidio de Carla Mayarí Ayala.
Actualmente, Castillo Arévalo es acusado de privación de libertad, mientras que Pacheco y Déras, por incumplimiento de deberes.
El juez ha convocado a las partes para dicha fecha para resolver las peticiones planteadas por el ente fiscal.
La agente Carla Ayala participó el 28 de diciembre de 2017 a las 6:00 de la tarde se realizó una fiesta en el cuartel del GRP ubicado en calle principal de la Residencial San Fernando, Calle Antigua a Huizúcar, de esta capital.
A las 10:40 de la noche finalizó dicha fiesta y ordenaron ir a dejar a las viviendas a los asistentes que no llevaron vehículos, siendo Ovidio Pacheco y Wilfredo Deras los delegados en llevar a Carla Ayala al sector de Apopa. Pero además de la víctima ingresó al vehículo Juan Castillo y cuando se conducían por el sector de la Gloria se escuchó un disparo en el interior; los encargados decidieron retornar a la base sin percatarse de las condiciones de salud de Ayala y Castillo.
Al llegar a la base, Ovidio y Wilfredo bajan a informar lo sucedido pero cuando regresan al auto observan que Castillo encendió el vehículo y se retiró con la víctima, luego se realizó una persecución pero sin resultado alguno.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
