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Judicial

FGR pide a Juzgado 4° de Instrucción agilizar y esclarecer el asesinato de San Óscar Romero

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El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador,  recibió este día un  escrito de tres páginas  de parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado que según el jefe de dicha unidad, se dará un  impulso a la investigación  que conlleva la solicitud  de varias  diligencias,  para  esclarecer la participación del imputado ausente capitán  Álvaro Rafael Saravia Merino en el  homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.

El fiscal no precisó detalle de las diligencias que solicitaran al juzgador, no obstante dijo hay avances en el  caso pues ya se  mostraron parte en su momento y  solicitaron  que se declarara abierto el archivo de las investigaciones recientes  del caso,  con base a la  sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía,  expresó.

En octubre del año pasado el juez Rigoberto Chicas libró oficios a la Interpol  a fin de que procedieran a la búsqueda, ubicación y captura de Saravia, esto luego de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y resolviera abrir el caso el 12 de mayo de 2017 a petición  de la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”

El  juzgador en esa ocasión  consideró  viable decretar la detención del imputado   con base a la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que  tuvo participación en los hechos,  de acuerdo  a la declaración de un testigo y que alguna manera se corroboró  la robustez probatoria de su declaración.

Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Saravia, tuvo participación en la comisión del delito, al cumplir órdenes y dar órdenes y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Romero; en ese sentido  el juez consideró  la procedencia de  decretar la detención provisional,  debido a  que surgió  información que permite poder sostener dicha vinculación con el delito.

El juez consideró en su resolución dada a conocer en octubre de 2018   que para poder llegar  a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la vida de Monseñor Romero  debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas  que puedan salir vinculadas en los hechos, de igual manera las personas o instituciones interesadas pueden avocarse a la Fiscalía a interponer las denuncias o querellas correspondientes.

Se advierte que tal como consta en el expediente  que ya se han presentado algunas denuncias o solicitudes  de investigación por la muerte de Monseñor en la Fiscalía  y a fin de que esta agilice la investigación  y de ser procedente ejerza las imputaciones, será necesario remitirle certificación de este expediente penal, pues de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores.

La investigación iniciales del caso fueron diligenciadas por el Juzgado 4° de lo Penal en el año 1980  el expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue  el Capitán Álvaro  Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Presuntamente se determinó  que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.

Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las 6:30 de la tarde mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador, un francotirador llegó hasta el lugar y  le disparo  al pecho  el religioso fue herido  gravemente y trasladado  a un centro asistencial, donde falleció.

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PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida

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La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.

Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.

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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.

El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.

Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.

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Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.

Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.

Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.

La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.

Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.

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Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.

La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.

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