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Judicial

FGR pide a Juzgado 4° de Instrucción agilizar y esclarecer el asesinato de San Óscar Romero

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El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador,  recibió este día un  escrito de tres páginas  de parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado que según el jefe de dicha unidad, se dará un  impulso a la investigación  que conlleva la solicitud  de varias  diligencias,  para  esclarecer la participación del imputado ausente capitán  Álvaro Rafael Saravia Merino en el  homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.

El fiscal no precisó detalle de las diligencias que solicitaran al juzgador, no obstante dijo hay avances en el  caso pues ya se  mostraron parte en su momento y  solicitaron  que se declarara abierto el archivo de las investigaciones recientes  del caso,  con base a la  sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía,  expresó.

En octubre del año pasado el juez Rigoberto Chicas libró oficios a la Interpol  a fin de que procedieran a la búsqueda, ubicación y captura de Saravia, esto luego de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y resolviera abrir el caso el 12 de mayo de 2017 a petición  de la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”

El  juzgador en esa ocasión  consideró  viable decretar la detención del imputado   con base a la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que  tuvo participación en los hechos,  de acuerdo  a la declaración de un testigo y que alguna manera se corroboró  la robustez probatoria de su declaración.

Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Saravia, tuvo participación en la comisión del delito, al cumplir órdenes y dar órdenes y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Romero; en ese sentido  el juez consideró  la procedencia de  decretar la detención provisional,  debido a  que surgió  información que permite poder sostener dicha vinculación con el delito.

El juez consideró en su resolución dada a conocer en octubre de 2018   que para poder llegar  a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la vida de Monseñor Romero  debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas  que puedan salir vinculadas en los hechos, de igual manera las personas o instituciones interesadas pueden avocarse a la Fiscalía a interponer las denuncias o querellas correspondientes.

Se advierte que tal como consta en el expediente  que ya se han presentado algunas denuncias o solicitudes  de investigación por la muerte de Monseñor en la Fiscalía  y a fin de que esta agilice la investigación  y de ser procedente ejerza las imputaciones, será necesario remitirle certificación de este expediente penal, pues de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores.

La investigación iniciales del caso fueron diligenciadas por el Juzgado 4° de lo Penal en el año 1980  el expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue  el Capitán Álvaro  Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Presuntamente se determinó  que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.

Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las 6:30 de la tarde mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador, un francotirador llegó hasta el lugar y  le disparo  al pecho  el religioso fue herido  gravemente y trasladado  a un centro asistencial, donde falleció.

Judicial

Joven enfrentará proceso judicial tras agredir a su amigo por besar a su expareja en Izalco

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Un joven enfrentará un proceso judicial por el delito de lesiones luego de agredir a un amigo tras molestarse porque este besó a su expareja sentimental.

El hecho ocurrió en el distrito de Izalco, departamento de Sonsonate.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la agresión se produjo después de que uno de los jóvenes besara a la exnovia de su amigo, situación que provocó la reacción violenta del otro involucrado.

Como resultado del incidente, la víctima de la agresión fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Además, se informó que ambos jóvenes ya no mantienen una relación de amistad.

Las autoridades indicaron que el detenido será procesado judicialmente por el delito de lesiones.

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Judicial

Imponen 50 años de prisión a sujeto por homicidio agravado

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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.

El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.

Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.

El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.

De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.

Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.

Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.

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FGR habilita primera fase para devolución de dinero a afectados por CREDICASH

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Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.

Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.

De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.

Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».

Del proceso y esquema de defraudación

Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.

«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.

Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.

El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.

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