Judicial
FGR pide a Juzgado 4° de Instrucción agilizar y esclarecer el asesinato de San Óscar Romero
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador, recibió este día un escrito de tres páginas de parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado que según el jefe de dicha unidad, se dará un impulso a la investigación que conlleva la solicitud de varias diligencias, para esclarecer la participación del imputado ausente capitán Álvaro Rafael Saravia Merino en el homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.
El fiscal no precisó detalle de las diligencias que solicitaran al juzgador, no obstante dijo hay avances en el caso pues ya se mostraron parte en su momento y solicitaron que se declarara abierto el archivo de las investigaciones recientes del caso, con base a la sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía, expresó.
En octubre del año pasado el juez Rigoberto Chicas libró oficios a la Interpol a fin de que procedieran a la búsqueda, ubicación y captura de Saravia, esto luego de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y resolviera abrir el caso el 12 de mayo de 2017 a petición de la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”
El juzgador en esa ocasión consideró viable decretar la detención del imputado con base a la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que tuvo participación en los hechos, de acuerdo a la declaración de un testigo y que alguna manera se corroboró la robustez probatoria de su declaración.
Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Saravia, tuvo participación en la comisión del delito, al cumplir órdenes y dar órdenes y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Romero; en ese sentido el juez consideró la procedencia de decretar la detención provisional, debido a que surgió información que permite poder sostener dicha vinculación con el delito.
El juez consideró en su resolución dada a conocer en octubre de 2018 que para poder llegar a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la vida de Monseñor Romero debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas que puedan salir vinculadas en los hechos, de igual manera las personas o instituciones interesadas pueden avocarse a la Fiscalía a interponer las denuncias o querellas correspondientes.
Se advierte que tal como consta en el expediente que ya se han presentado algunas denuncias o solicitudes de investigación por la muerte de Monseñor en la Fiscalía y a fin de que esta agilice la investigación y de ser procedente ejerza las imputaciones, será necesario remitirle certificación de este expediente penal, pues de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores.
La investigación iniciales del caso fueron diligenciadas por el Juzgado 4° de lo Penal en el año 1980 el expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue el Capitán Álvaro Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Presuntamente se determinó que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.
Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las 6:30 de la tarde mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador, un francotirador llegó hasta el lugar y le disparo al pecho el religioso fue herido gravemente y trasladado a un centro asistencial, donde falleció.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
