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Judicial

FGR pide a Juzgado 4° de Instrucción agilizar y esclarecer el asesinato de San Óscar Romero

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El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador,  recibió este día un  escrito de tres páginas  de parte de los fiscales de la Unidad de Delitos Relativos al Conflicto Armado que según el jefe de dicha unidad, se dará un  impulso a la investigación  que conlleva la solicitud  de varias  diligencias,  para  esclarecer la participación del imputado ausente capitán  Álvaro Rafael Saravia Merino en el  homicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.

El fiscal no precisó detalle de las diligencias que solicitaran al juzgador, no obstante dijo hay avances en el  caso pues ya se  mostraron parte en su momento y  solicitaron  que se declarara abierto el archivo de las investigaciones recientes  del caso,  con base a la  sentencia de inconstitucional de la Ley de Amnistía,  expresó.

En octubre del año pasado el juez Rigoberto Chicas libró oficios a la Interpol  a fin de que procedieran a la búsqueda, ubicación y captura de Saravia, esto luego de dejar sin efecto el sobreseimiento definitivo y resolviera abrir el caso el 12 de mayo de 2017 a petición  de la Concertación Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”

El  juzgador en esa ocasión  consideró  viable decretar la detención del imputado   con base a la existencia de elementos de juicio suficientes para estimar que  tuvo participación en los hechos,  de acuerdo  a la declaración de un testigo y que alguna manera se corroboró  la robustez probatoria de su declaración.

Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Saravia, tuvo participación en la comisión del delito, al cumplir órdenes y dar órdenes y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Romero; en ese sentido  el juez consideró  la procedencia de  decretar la detención provisional,  debido a  que surgió  información que permite poder sostener dicha vinculación con el delito.

El juez consideró en su resolución dada a conocer en octubre de 2018   que para poder llegar  a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de homicidio agravado, en perjuicio de la vida de Monseñor Romero  debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria, permitiendo el ejercicio de la defensa de las personas  que puedan salir vinculadas en los hechos, de igual manera las personas o instituciones interesadas pueden avocarse a la Fiscalía a interponer las denuncias o querellas correspondientes.

Se advierte que tal como consta en el expediente  que ya se han presentado algunas denuncias o solicitudes  de investigación por la muerte de Monseñor en la Fiscalía  y a fin de que esta agilice la investigación  y de ser procedente ejerza las imputaciones, será necesario remitirle certificación de este expediente penal, pues de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores.

La investigación iniciales del caso fueron diligenciadas por el Juzgado 4° de lo Penal en el año 1980  el expediente consta de 15 piezas y el único acusado del asesinato fue  el Capitán Álvaro  Saravia, a quien presuntamente le encontraron una libreta con apuntes relacionados al crimen. Presuntamente se determinó  que el hecho fue ejecutado por un experto en uso de armas de fuego conocido como francotirador.

Oscar Arnulfo Romero, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 aproximadamente a las 6:30 de la tarde mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, de San Salvador, un francotirador llegó hasta el lugar y  le disparo  al pecho  el religioso fue herido  gravemente y trasladado  a un centro asistencial, donde falleció.

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Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.

Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.

Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.

La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.

Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.

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Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.

La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.

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Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador

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El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.

Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.

Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.

La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.

Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.

El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.

Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.

El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.

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