Judicial
FGR logra que empleados de empresa de cosméticos sean enviados a prisión por Estafa
A cumplir la medida cautelar de la detención provisional ordenada por un juez, han sido enviados cuatro empleados de una empresa dedicada a la venta de productos cosméticos por revista, esto luego que la Fiscalía General de la República estableció su participación en una estafa estimada en US$19,000.
La Unidad Delitos de Patrimonio Privado de la FGR de San Salvador, dio a conocer que el Juzgado Quinto de Paz desarrolló la audiencia inicial en contra de los imputados José Alexandro Ramírez Ramírez, Hugo Ernesto Macal, Carlos Federico Santos González y Carlos Antonio Santos Flores.
Están acusados por cometer delitos de Estafa Agravada, Administración fraudulenta y Apropiación o retención indebida, en perjuicio de la compañía de productos cosméticos.
Durante el desarrollo de la audiencia, la representación fiscal ofreció una serie de elementos iniciales de prueba, los cuales en el desarrollo de la investigación que ha sido otorgado por el juez serán ampliados y fortalecidos para lograr obtener un fallo condenatorio al momento de llegar a la etapa final del proceso.
Según la denuncia atendida por Fiscalía, los imputados Ramírez y Macal son empleados de la empresa, en tanto los de apellido Santos, son subcontratados para realizar cobros en representación de la compañía. Sin embargo, durante el año 2021 los involucrados se dedicaron a cobrar facturas de las ventas de mercaderías que había realizado la empresa, pero al sistema contable de la compañía no fue ingresado ni el dinero ni los comprobantes, por lo que a la fecha el monto del fraude se estima en la cantidad ya descrita.
En los próximos días el caso será enviado a un juzgado de instrucción para que desarrolle la siguiente etapa.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
