Judicial
FGR inició más de 85,000 procesos por diferentes delitos en un año
La Fiscalía General de la República (FGR) inició 85,464 procesos por diferentes delitos entre junio de 2022 a mayo de 2023 a escala nacional. Los delitos más denunciados son hurto y robo, tráfico de drogas (menudeo), violaciones y extorsiones.
Los datos dan cuenta de un promedio de 7,122 casos mensuales, siendo marzo de 2023 el mes con mayor incidencia al registrar 7,992 procesos los cuales representan el 9.35 % del total.
El reporte detalla que en esos procesos atendieron a 93,198 víctimas en 40,857 audiencias, en las cuales judicializaron a 51,914 imputados. Los procesos terminaron en 8,045 sentencias condenatorias en un total de 23,723 casos judicializados.
El ministerio público detalló que los datos corresponden a casos/imputados que iniciaron la etapa judicial más los que ya estaban en proceso judicial y registraron una actividad en el periodo del referido informe de labores y que los datos son independientes a la fecha de inicio del caso.
El informe fiscal indica que en el periodo estudiado se reportaron 88,936 delitos con un promedio mensual de 7,411. De acuerdo con la FGR la diferencia entre casos iniciados por mes y la cantidad de delitos, se debe a que en un caso o expediente pueden registrarse uno o más delitos, por tanto, la cantidad de ilícitos siempre será mayor a los casos iniciados en un periodo determinado.
La Fiscalía informó que entre los delitos de mayor impacto están: hurto y robo (8,084); violaciones (3,145), extorsiones (1,548); relativos a las drogas (1,497), hurto y robo de vehículos (864), entre otros.
A inicios de enero de 2024, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que desde su llegada al ministerio público tomó la decisión de transformar la institución, «y era dar un giro total de timón, porque siempre he considerado que la Fiscalía está para dar un servicio adecuado a la población que nos permita como institución defender los intereses de la sociedad».
Uno de los casos resueltos fue el de Sergio de Jesús Panameño, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por haber hurtado la tarjeta de débito de su compañera de trabajo y con la misma hizo compras electrónicas inapropiadas por $1,871.99. Dichos hechos fueron comprobados en juicio por la Fiscalía.
De acuerdo con la información recabada por la FGR, el imputado y la víctima eran compañeros de trabajo en una unidad de salud de La Libertad y en el año 2019, tras un descuido de la víctima, el imputado sustrajo su tarjeta de débito. Al tener en su poder la tarjeta, Panameño efectuó varias compras electrónicas el 20 de agosto y 25 de octubre del mismo año en mención, gastando más de $1,000.
A Panameño lo sentenciaron por el delito de obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. Además de la pena de prisión, el juez le impuso el pago de $1,871.99 en concepto de responsabilidad civil.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
