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Judicial

Hermanas pandilleras son condenadas a 16 años de cárcel en Mejicanos

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, condenó a 16 años de cárcel a Ismelda Marisol Hurtado Cerna y su hermana Reina Vanessa por amenazar y obligar a los residentes de dos viviendas de Mejicanos a salir del lugar.

En la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) probó que las mujeres coaccionaron a las víctimas a desplazarse forzosamente de Mejicanos o de lo contrario atentarían en su contra.

En las pesquisas que agentes policiales realizaron bajo la dirección de la Fiscalía se determinó que las pandilleras de la Mara Salvatrucha infundieron terror en la zona con el fin de sacar a las personas de sus viviendas.

En el juicio la Fiscalía expuso que a finales de 2012 las mareras llegaron a la casa de las dos familias, a quienes les restringieron y prohibieron el libre desplazamiento en la comunidad, pero al ver que las víctimas no cumplían sus órdenes, las amenazaron de muerte para que abandonaran sus viviendas.

En las indagaciones los policías obtuvieron información de que las pandilleras habían llegado a la casa de varias familias para hacerles una serie de exigencias a nombre de la Mara Salvatrucha.

Habían ordenado a los residentes que no tenían autorización para transitar libremente y que como pandilla eran los que decidían los lugares donde podían ir y las actividades que iban a realizar.

Por temor a represalias ninguno de los residentes se atrevía a denunciar a las pandilleras quienes habían tomado el control en el lugar, ellas decidían quienes entraban y salían.

Pese a las amenazas, dos de las familias decidieron acudir antes las autoridades para denunciar lo que estaba ocurriendo y que se investigara el caso, la Fiscalía y Policía apoyaron a las víctimas, para proteger su identidad les otorgaron régimen de protección para garantizar que colaboraran aportando información y poder identificar las mareros para llevarlas ante los tribunales.

En el fallo emitido, el juez de la causa las encontró culpable por el delito de limitación ilegal a la libre circulación y accedió a la pretensión fiscal de condenarlas.

Al expediente se agregó información consistente en prueba documental donde consta la denuncia de las víctimas, actas de diligencias que agentes policiales realizaron, así como el testimonio de las familias afectadas por el accionar de las mareras.

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Estafador es condenado a cinco años de cárcel

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Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.

Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.

Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.

El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.

Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.

Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.

En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.

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FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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Inicia juicio contra exalcaldesa de Soyapango por actos arbitrarios y desobediencia

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Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.

De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.

“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.

Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.

Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.

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