Judicial
Expresidente Saca y compañía deberán devolver más de $300 millones desviados de fondos públicos
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores deberán devolver los $301 millones que sustrajeron del Estado, y además dejó en firme sus condenas de prisión.
Saca y compañía están recluidos en el Sector Nueve del penal de Mariona, y la Cámara Segunda de lo Penal les había modificado los montos, pero la Sala de lo Civil revirtió la decisión.
En el caso del expresidente deberá devolver $260 millones en concepto de responsabilidad civil; los magistrados ratificaron la pena de 10 años de cárcel a la que fue condenado en el juicio abreviado.
El resto de los $51 millones (del total de $301 millones) lo deberán devolver sus exfuncionarios como Elmer Charlaix, Julio Rank, César Funes y otros.
En el caso de Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, deberá devolver $15 millones y también se le ratificó la condena de 10 años que le fue impuesta.
Mientras que Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, deberá pagar $8,381,000 que se le señalaron durante el juicio. El exfuncionario tiene que cumplir solo cinco años de prisión.
Jorge Herrera, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, exempleados de Casa Presidencial, también tienen pagar de responsabilidad civil $3 millones, $7 millones y $5 millones, respectivamente.
Además, el exsecretario de Juventud César Funes se le ratificaron los cinco años de prisión y el pago de $886,697 que le impusieron de responsabilidad civil.
«Destape a la Corrupción» fue uno de los casos emblemáticos, pues significó que a un primer expresidente fuera sentado en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción durante su gestión.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
