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Judicial

Expresidente Saca y compañía deberán devolver más de $300 millones desviados de fondos públicos

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La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores deberán devolver los $301 millones que sustrajeron del Estado, y además dejó en firme sus condenas de prisión.

Saca y compañía están recluidos en el Sector Nueve del penal de Mariona, y la Cámara Segunda de lo Penal les había modificado los montos, pero la Sala de lo Civil revirtió la decisión.

En el caso del expresidente deberá devolver $260 millones en concepto de responsabilidad civil; los magistrados ratificaron la pena de 10 años de cárcel a la que fue condenado en el juicio abreviado.

El resto de los $51 millones (del total de $301 millones) lo deberán devolver sus exfuncionarios como Elmer Charlaix, Julio Rank, César Funes y otros.

En el caso de Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, deberá devolver $15 millones y también se le ratificó la condena de 10 años que le fue impuesta.

Mientras que Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, deberá pagar $8,381,000 que se le señalaron durante el juicio. El exfuncionario tiene que cumplir solo cinco años de prisión.

Jorge Herrera, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, exempleados de Casa Presidencial, también tienen pagar de responsabilidad civil $3 millones, $7 millones y $5 millones, respectivamente.

Además, el exsecretario de Juventud César Funes se le ratificaron los cinco años de prisión y el pago de  $886,697 que le impusieron de responsabilidad civil. 

«Destape a la Corrupción» fue uno de los casos emblemáticos, pues significó que a un primer expresidente fuera sentado en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción durante su gestión. 

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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