Judicial
Expresidente Saca y compañía deberán devolver más de $300 millones desviados de fondos públicos
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores deberán devolver los $301 millones que sustrajeron del Estado, y además dejó en firme sus condenas de prisión.
Saca y compañía están recluidos en el Sector Nueve del penal de Mariona, y la Cámara Segunda de lo Penal les había modificado los montos, pero la Sala de lo Civil revirtió la decisión.
En el caso del expresidente deberá devolver $260 millones en concepto de responsabilidad civil; los magistrados ratificaron la pena de 10 años de cárcel a la que fue condenado en el juicio abreviado.
El resto de los $51 millones (del total de $301 millones) lo deberán devolver sus exfuncionarios como Elmer Charlaix, Julio Rank, César Funes y otros.
En el caso de Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, deberá devolver $15 millones y también se le ratificó la condena de 10 años que le fue impuesta.
Mientras que Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, deberá pagar $8,381,000 que se le señalaron durante el juicio. El exfuncionario tiene que cumplir solo cinco años de prisión.
Jorge Herrera, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, exempleados de Casa Presidencial, también tienen pagar de responsabilidad civil $3 millones, $7 millones y $5 millones, respectivamente.
Además, el exsecretario de Juventud César Funes se le ratificaron los cinco años de prisión y el pago de $886,697 que le impusieron de responsabilidad civil.
«Destape a la Corrupción» fue uno de los casos emblemáticos, pues significó que a un primer expresidente fuera sentado en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción durante su gestión.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
