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VIDEO: Acusado del asesinato de Anahí Rivas podría pagar su libertad

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Juan Carlos Hernández Vázquez, la persona acusada del asesinato de la mujer trans Anahí Miranda Rivas, podría pagar una fianza de 10 mil dólares y gozar de libertad provisional, en lugar de ser detenido bajo prisión.

La medida sustitutiva fue abordada por la licenciada Marta Elena Rosales, la Juez del Juzgado Primero de Paz, quien no valoró las pruebas periciales vertidas por el ente fiscal, desacreditando la posibilidad de tipificar el delito como un «Crimen de Odio», tal y como lo establece el artículo 129 del Código Penal. En cambio, sostuvo la validez de la defensa del imputado.

«La señora juez consideró que los arraigos que la defensa técnica presentó prevalecían por sobre los elementos presentados por la representación fiscal, considerando, pues, que éste tema queda bastante a discreción del juzgador; pues, la aplicación de uno u otro elemento» informa el fiscal designado.

El Juzgado Primero de Paz consideró tomar medidas alternas a la detención, consistentes en una fianza de diez mil dólares, para la persona detenida.

Al imputado se le prohibirá salir del país, el consumo de bebidas alcohólicas; y deberá presentarse a la oficina cada 15 días a firmar.

La Policía emitió una orden de captura en contra del ciudadano Juan Carlos Hernández Vázquez, el pasado miércoles 18 de diciembre, y su requerimiento se dio este viernes 20 de diciembre del presente año.

Aún no se ha comprobado la veracidad de las pruebas; sin embargo, la Fiscalía asegura tener los elementos probatorios suficientes para acusar al imputado. Razón por la que el ente fiscal declara no estar a favor de las disposiciones emitidas por el Juzgado; en su lugar, se emitirá un recurso de apelación, para atender las pruebas periciales.

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«Se estará presentando el recurso de apelación dentro del término que la ley establece, por no estar de acuerdo con los elementos vertidos por la señora Juez de Paz… Se tienen los suficientes elementos para acreditar éste hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz», declaró el ente fiscal.

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Sólo dos de los nueve asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI están en proceso judicial La Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) tiene un recuento de nueve casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, en lo que va del año.

La cifra es inferior a los 12 casos de personas lgbt asesinadas en 2018. Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas.

En respuesta a las demandas de la sociedad civil, y del “Informe Situacional de Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBT” emitido por la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; para 2018, Douglas Meléndez anunció la creación de un grupo de fiscales especializados para mujeres y la población LGBTI, dentro de la Unidad de Vida, que serán responsables de procesar los casi 700 casos. de homicidios sin resolver.

“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los «Crímenes de Odio», o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas.

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La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía.

Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez. Sólo 27 de los más de 500 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio.

Para 2017, se crea la reciente Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía, que corresponde a la hasta entonces creada Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República declara no tener los elementos suficientes para satisfacer la demanda judicial para el abordaje de los asesinatos hacia la Comunidad LGBT.

“Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de 800 mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, expone Ana Castillo Salazar a éste medio, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.

Redacción:
Por: Alessia Genoves.

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Cámara fija para el 3 de abril juicio contra Norman Quijano acusado de negociar con pandillas

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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia del partido ARENA en el 2014.

El exfuncionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la Fiscalía General de la República.

Quijano, se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, que son los dos delitos que el ministerio público le atribuye.

La Fiscalía ha sostenido en la acusación, que Quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.

En ese encuentro, solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.

Al excandidato a la presidencia por ARENA, en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el año 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero de 2022, todavía no se habían enmendado la ley en lo relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y establece cárcel de 40 y 60 años a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. El artículo 345 fue reformado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 2022.

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Con respecto al fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal señala que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será castigado con prisión de cuatro a seis años.

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Se instala audiencia probatoria contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña por enriquecimiento ilícito

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Esta mañana se instaló la audiencia probatoria (juicio) contra la exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54 dólares.

Se espera que la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador brinde la resolución el próximo 5 de marzo a las 14:15 horas.

Los fiscales del caso pretenden que el total del dinero sea reintegrado al Estado y que la exdiputada sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

Durante la diligencia judicial, la representación fiscal presentó, entre otras pruebas, una pericia financiera contable con la que se establecen las 7 irregularidades que no ha podido justificar Lorena Peña en su calidad de exparlamentaria, en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, por un total de $140,521.60 dólares.

Las inconsistencias en su incremento patrimonial de forma injustificada o ilícita se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos.

Mientras que, a la hija de la exdiputada, Ana Virginia Guardado Peña, se le ha demandado por 8 irregularidades consistentes en pagos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960. 94 dólares.

El expediente fiscal por enriquecimiento ilícito fue abierto después que la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, notificó de las irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.

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Mareras pasarán 35 años en la cárcel por secuestro en Soyapango

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Dos pandilleras, identificadas como Concepción Mercedes de Cañas y Tania Loreña Cañas, purgarán una condena de 35 años de prisión por ser cómplices en un secuestro, así lo decidió el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones del ministerio público, la víctima fue secuestrada en Soyapango y un día después autoridades fiscales y policiales la ubicaron en una zona rural de Zacatecoluca en La Paz. El delito sucedió el 30 de noviembre del 2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que las pandilleras solicitaron a los familiares del secuestrado $50,000 por su rescate, pero no se hicieron efectivos porque fue liberado por agentes policiales.

En el juicio, la Fiscalía demostró con prueba científica, documental y testimonial que ambas mujeres proveyeron de celulares, alquilaron vehículos y prestaron sus viviendas para mantener escondida a la víctima y exigieron una compensación por el rescate de la víctima secuestrada.

Además, el Tribunal condenó a las mujeres por los delitos de secuestro, agrupaciones ilícitas, y además, al pago de 150 días multas por el uso y tenencia de uniformes con colores policiales.

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