Judicial
VIDEO: Acusado del asesinato de Anahí Rivas podría pagar su libertad
Juan Carlos Hernández Vázquez, la persona acusada del asesinato de la mujer trans Anahí Miranda Rivas, podría pagar una fianza de 10 mil dólares y gozar de libertad provisional, en lugar de ser detenido bajo prisión.
La medida sustitutiva fue abordada por la licenciada Marta Elena Rosales, la Juez del Juzgado Primero de Paz, quien no valoró las pruebas periciales vertidas por el ente fiscal, desacreditando la posibilidad de tipificar el delito como un «Crimen de Odio», tal y como lo establece el artículo 129 del Código Penal. En cambio, sostuvo la validez de la defensa del imputado.
«La señora juez consideró que los arraigos que la defensa técnica presentó prevalecían por sobre los elementos presentados por la representación fiscal, considerando, pues, que éste tema queda bastante a discreción del juzgador; pues, la aplicación de uno u otro elemento» informa el fiscal designado.
El Juzgado Primero de Paz consideró tomar medidas alternas a la detención, consistentes en una fianza de diez mil dólares, para la persona detenida.
Al imputado se le prohibirá salir del país, el consumo de bebidas alcohólicas; y deberá presentarse a la oficina cada 15 días a firmar.
La Policía emitió una orden de captura en contra del ciudadano Juan Carlos Hernández Vázquez, el pasado miércoles 18 de diciembre, y su requerimiento se dio este viernes 20 de diciembre del presente año.
Aún no se ha comprobado la veracidad de las pruebas; sin embargo, la Fiscalía asegura tener los elementos probatorios suficientes para acusar al imputado. Razón por la que el ente fiscal declara no estar a favor de las disposiciones emitidas por el Juzgado; en su lugar, se emitirá un recurso de apelación, para atender las pruebas periciales.
«Se estará presentando el recurso de apelación dentro del término que la ley establece, por no estar de acuerdo con los elementos vertidos por la señora Juez de Paz… Se tienen los suficientes elementos para acreditar éste hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz», declaró el ente fiscal.
Sólo dos de los nueve asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI están en proceso judicial La Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) tiene un recuento de nueve casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, en lo que va del año.
La cifra es inferior a los 12 casos de personas lgbt asesinadas en 2018. Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas.
En respuesta a las demandas de la sociedad civil, y del “Informe Situacional de Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBT” emitido por la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; para 2018, Douglas Meléndez anunció la creación de un grupo de fiscales especializados para mujeres y la población LGBTI, dentro de la Unidad de Vida, que serán responsables de procesar los casi 700 casos. de homicidios sin resolver.
“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los «Crímenes de Odio», o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas.
La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía.
Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez. Sólo 27 de los más de 500 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio.
Para 2017, se crea la reciente Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía, que corresponde a la hasta entonces creada Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República declara no tener los elementos suficientes para satisfacer la demanda judicial para el abordaje de los asesinatos hacia la Comunidad LGBT.
“Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de 800 mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, expone Ana Castillo Salazar a éste medio, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI.
Redacción:
Por: Alessia Genoves.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
