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Instalan audiencia inicial contra gerente de mercadeo de TCS, quien provocó accidente de tránsito en playa Cangrejera

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El pasado domingo 22 de diciembre, se filtró en redes sociales un video y fotografías que mostraban un grave accidente de tránsito registrado en la calle que conduce a la Playa Cangrejera, en La Libertad.

De acuerdo al informe de las autoridades, el sujeto, en evidente estado de ebriedad, chocó su camioneta contra un pick up, dejando como resultado nueve lesionados, entre ellos dos menores de edad.

Posteriormente, se dio a conocer la identidad del responsable; agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo identificaron como José Ricardo Chávez Rodezno, quien labora como gerente de mercadeo de Telecorporación Salvadoreña (TCS); por lo que la noche del 23 de diciembre ordenaron su detención, quedando bajo custodia policial en una clínica privada, ya que resultó con fracturas tras el hecho.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el pasado 25 de diciembre, un requerimiento en contra del imputado por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas en perjuicio de 7 víctimas y dos menores de edad.

Por lo que este día, viernes 27 de diciembre, el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad instaló la audiencia inicial contra José Ricardo Rodezno, acusado por los delitos antes mencionados.

Sin embargo, Chávez no estuvo presente en la diligencia debido a que continúa recibiendo atención en una clínica privada, bajo custodia policial.

“Mantenemos la custodia de José Ricardo Chávez Rodezno, quien no fue trasladado a la audiencia inicial, debido a que se sigue recuperando de tres fracturas de costillas, producto del accidente que provocó el pasado 22 de diciembre en cantón Cangrejera”, informó la PNC en su cuenta de Twitter.

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Ayer, el Fiscal General, Raúl Melara, dijo que solicitarán que el caso pase a instrucción con detención provisional.

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Hermanas pandilleras son condenadas a 16 años de cárcel en Mejicanos

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, condenó a 16 años de cárcel a Ismelda Marisol Hurtado Cerna y su hermana Reina Vanessa por amenazar y obligar a los residentes de dos viviendas de Mejicanos a salir del lugar.

En la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) probó que las mujeres coaccionaron a las víctimas a desplazarse forzosamente de Mejicanos o de lo contrario atentarían en su contra.

En las pesquisas que agentes policiales realizaron bajo la dirección de la Fiscalía se determinó que las pandilleras de la Mara Salvatrucha infundieron terror en la zona con el fin de sacar a las personas de sus viviendas.

En el juicio la Fiscalía expuso que a finales de 2012 las mareras llegaron a la casa de las dos familias, a quienes les restringieron y prohibieron el libre desplazamiento en la comunidad, pero al ver que las víctimas no cumplían sus órdenes, las amenazaron de muerte para que abandonaran sus viviendas.

En las indagaciones los policías obtuvieron información de que las pandilleras habían llegado a la casa de varias familias para hacerles una serie de exigencias a nombre de la Mara Salvatrucha.

Habían ordenado a los residentes que no tenían autorización para transitar libremente y que como pandilla eran los que decidían los lugares donde podían ir y las actividades que iban a realizar.

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Por temor a represalias ninguno de los residentes se atrevía a denunciar a las pandilleras quienes habían tomado el control en el lugar, ellas decidían quienes entraban y salían.

Pese a las amenazas, dos de las familias decidieron acudir antes las autoridades para denunciar lo que estaba ocurriendo y que se investigara el caso, la Fiscalía y Policía apoyaron a las víctimas, para proteger su identidad les otorgaron régimen de protección para garantizar que colaboraran aportando información y poder identificar las mareros para llevarlas ante los tribunales.

En el fallo emitido, el juez de la causa las encontró culpable por el delito de limitación ilegal a la libre circulación y accedió a la pretensión fiscal de condenarlas.

Al expediente se agregó información consistente en prueba documental donde consta la denuncia de las víctimas, actas de diligencias que agentes policiales realizaron, así como el testimonio de las familias afectadas por el accionar de las mareras.

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FGR inició más de 85,000 procesos por diferentes delitos en un año

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La Fiscalía General de la República (FGR) inició 85,464 procesos por diferentes delitos entre junio de 2022 a mayo de 2023 a escala nacional. Los delitos más denunciados son hurto y robo, tráfico de drogas (menudeo), violaciones y extorsiones.

Los datos dan cuenta de un promedio de 7,122 casos mensuales, siendo marzo de 2023 el mes con mayor incidencia al registrar 7,992 procesos los cuales representan el 9.35 % del total.

El reporte detalla que en esos procesos atendieron a 93,198 víctimas en 40,857 audiencias, en las cuales judicializaron a 51,914 imputados. Los procesos terminaron en 8,045 sentencias condenatorias en un total de 23,723 casos judicializados.

El ministerio público detalló que los datos corresponden a casos/imputados que iniciaron la etapa judicial más los que ya estaban en proceso judicial y registraron una actividad en el periodo del referido informe de labores y que los datos son independientes a la fecha de inicio del caso.

El informe fiscal indica que en el periodo estudiado se reportaron 88,936 delitos con un promedio mensual de 7,411. De acuerdo con la FGR la diferencia entre casos iniciados por mes y la cantidad de delitos, se debe a que en un caso o expediente pueden registrarse uno o más delitos, por tanto, la cantidad de ilícitos siempre será mayor a los casos iniciados en un periodo determinado.

La Fiscalía informó que entre los delitos de mayor impacto están: hurto y robo (8,084); violaciones (3,145), extorsiones (1,548); relativos a las drogas (1,497), hurto y robo de vehículos (864), entre otros.

A inicios de enero de 2024, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que desde su llegada al ministerio público tomó la decisión de transformar la institución, «y era dar un giro total de timón, porque siempre he considerado que la Fiscalía está para dar un servicio adecuado a la población que nos permita como institución defender los intereses de la sociedad».

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Uno de los casos resueltos fue el de Sergio de Jesús Panameño, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por haber hurtado la tarjeta de débito de su compañera de trabajo y con la misma hizo compras electrónicas inapropiadas por $1,871.99. Dichos hechos fueron comprobados en juicio por la Fiscalía.

De acuerdo con la información recabada por la FGR, el imputado y la víctima eran compañeros de trabajo en una unidad de salud de La Libertad y en el año 2019, tras un descuido de la víctima, el imputado sustrajo su tarjeta de débito. Al tener en su poder la tarjeta, Panameño efectuó varias compras electrónicas el 20 de agosto y 25 de octubre del mismo año en mención, gastando más de $1,000.

A Panameño lo sentenciaron por el delito de obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares. Además de la pena de prisión, el juez le impuso el pago de $1,871.99 en concepto de responsabilidad civil.

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Violador de menores es sentenciado a más de 50 años de prisión en Santa Ana

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Joaquín Antonio Alvarado López fuera sentenciado a 50 años y ocho meses de prisión por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada y violación en menor o incapaz agravada en perjuicio de una menor de seis años de edad.

Los hechos sucedieron en Metapán, Santa Ana, el 18 de marzo 2021; este sujeto agredía sexualmente a la menor cuando se encontraba a solas en diferentes ocasiones y posteriormente la abusó sexualmente.

La víctima no denunciaba los hechos porque era coaccionada constantemente por este agresor para que no denunciara lo que le estaba sucediendo. Fue hasta el 09 marzo de 2023 que la menor logró irse a vivir lejos de este sujeto y pudo interponer la denuncia.

La vista pública se desarrolló en el Tribunal Primero de Sentencia Santa Ana, instancia en que la FGR consiguió comprobar la responsabilidad de López.

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