Judicial
Exdirectores de Centros Penales deberán enfrentar un nuevo juicio, luego de que Cámara anulara absolución
Foto de archivo
La Cámara Primera de lo Penal anuló el fallo absolutorio que dictó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador a favor de los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo y Rodil Fernando Hernández, por lo qué deberán enfrentar un nuevo juicio.
Rauda y Hernández fueron absueltos en septiembre pasado tras ser procesados por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios.
Según la acusación los exdirectores desviaron 208 mil 293 dólares cuando fungieron en el cargo. Rauda fue director de centros penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 2013, mientras que Hernández ejerció del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2017.
Los exfuncionarios habrían manejado manera irregular los fondos provenientes de las tiendas al interior de las prisiones, en el marco de la tregua entre pandillas. El dinero lo habrían utilizado en el pago de inteligencia, sobresueldos, bonos y otros gastos no contemplados como legales.
El delito de administración fraudulenta es sancionado con prisión de tres a cinco años, de acuerdo con el artículo 218 del Código Penal; mientras que el delito de Actos Arbitrarios se sanciona con prisión de dos a cuatro años más la inhabilitación del cargo por igual periodo, lo cual está contemplado en el artículo 320 del Código Penal
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
