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Exdiputado del FMLN y familia son condenados por enriquecimiento ilícito

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El exsecretario general del FMLN, Medardo González, se enriqueció ilícitamente junto a su esposa e hijo con $78,201.88 así ha resuelto hoy la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.

La resolución obliga al exdiputado a devolver al Estado el monto con el cual se enriquecieron indebidamente y al mismo tiempo se impone una inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.

La Cámara accedió a la pretensión de fiscales de la Unidad Anticorrupción quienes desde que interpusieron la demanda civil pidieron que se aplicara los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que señala un régimen sancionatorio para que los condenados devuelvan el dinero adquirido ilegalmente y establece un veto para que durante una década no lleguen a la administración pública.

A Medardo González, su esposa Sonia Ernestina Paredes de González y su hijo Luis Antonio González Portal, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia les detectó un incremento patrimonial no justificado por el cual fueron llevados a juicio.

A Medardo González, en su calidad de diputado legislativos en los períodos de mayo 2009 a abril de 2012 y de mayo de 2012 a abril de 2015, Probidad le encontró dos irregularidades consistentes en el pago de tarjetas de crédito $3,892.57.

A su cónyuge la Fiscalía General de la República le probó siete irregularidades relativas a depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito por un monto de $66,809.31. Mientras que su hijo, Luis Antonio González Portal en dos irregularidades en concepto de depósitos en efectivo por pagos realizados de un préstamo bancario le cuestionaron $7,500.

La Cámara exoneró a Medardo Romeo González Portal a quien la Fiscalía demandó por no justificar la adquisición de un inmueble a un precio $70,000,

Medardo González, es el quinto exfuncionario de los gobiernos del FMLN condenados en el último año. En el 2023 fueron encontrados responsables de enriquecimiento ilícito José Atilio Benítez, exministro de Defensa; Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad; David Munguía Payés, exministro de la Defensa y Eduardo Linares, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Comenzando el 2024, el exsecretario del FMLN es el primer condenado, están pendientes los juicios civiles de Jorge Schafik Hándal Vega, Eugenio Chicas, Lorena Peña y David Rivas.

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Prisión provisional para mujer acusada de estafar $57,283 con supuesto negocio de comida

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El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.

Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.

La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.

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Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años

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El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.

En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.

La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.

La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.

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Conductor de camión acusado por el fatal accidente en Los Chorros permanecerá en prisión provisional

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La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó la acusación contra José Adán Ramos Gómez por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa, tras el grave accidente ocurrido el pasado 2 de octubre en el kilómetro 18 de la carretera CA-1, en La Libertad Oeste, zona conocida como Los Chorros. Según las investigaciones, el conductor circulaba a excesiva velocidad y sin licencia cuando impactó contra varios vehículos, entre ellos un autobús de la ruta 202.
El siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, más de 12 lesionadas y daños materiales en al menos cinco automóviles. Las autoridades determinaron que la conducta imprudente del conductor fue determinante en la magnitud del accidente, que generó un fuerte impacto vial en la zona.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Paz de Colón, el juez resolvió que Ramos Gómez continúe en prisión provisional mientras avanza el proceso judicial. La medida busca garantizar la presencia del imputado y el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
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