Judicial
Exdiputado del FMLN y familia son condenados por enriquecimiento ilícito
El exsecretario general del FMLN, Medardo González, se enriqueció ilícitamente junto a su esposa e hijo con $78,201.88 así ha resuelto hoy la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador.
La resolución obliga al exdiputado a devolver al Estado el monto con el cual se enriquecieron indebidamente y al mismo tiempo se impone una inhabilitación para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
La Cámara accedió a la pretensión de fiscales de la Unidad Anticorrupción quienes desde que interpusieron la demanda civil pidieron que se aplicara los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que señala un régimen sancionatorio para que los condenados devuelvan el dinero adquirido ilegalmente y establece un veto para que durante una década no lleguen a la administración pública.
A Medardo González, su esposa Sonia Ernestina Paredes de González y su hijo Luis Antonio González Portal, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia les detectó un incremento patrimonial no justificado por el cual fueron llevados a juicio.
A Medardo González, en su calidad de diputado legislativos en los períodos de mayo 2009 a abril de 2012 y de mayo de 2012 a abril de 2015, Probidad le encontró dos irregularidades consistentes en el pago de tarjetas de crédito $3,892.57.
A su cónyuge la Fiscalía General de la República le probó siete irregularidades relativas a depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito por un monto de $66,809.31. Mientras que su hijo, Luis Antonio González Portal en dos irregularidades en concepto de depósitos en efectivo por pagos realizados de un préstamo bancario le cuestionaron $7,500.
La Cámara exoneró a Medardo Romeo González Portal a quien la Fiscalía demandó por no justificar la adquisición de un inmueble a un precio $70,000,
Medardo González, es el quinto exfuncionario de los gobiernos del FMLN condenados en el último año. En el 2023 fueron encontrados responsables de enriquecimiento ilícito José Atilio Benítez, exministro de Defensa; Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad; David Munguía Payés, exministro de la Defensa y Eduardo Linares, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Comenzando el 2024, el exsecretario del FMLN es el primer condenado, están pendientes los juicios civiles de Jorge Schafik Hándal Vega, Eugenio Chicas, Lorena Peña y David Rivas.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra un hombre de 46 años identificado como J. E. M. C., quien es procesado por el delito de amenazas con agravación especial.
De acuerdo con la información fiscal, el hecho ocurrió en enero de 2026, cuando agentes policiales acudieron a la colonia El Roble, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador, tras recibir un aviso sobre un incidente relacionado con arma de fuego.
Al llegar al lugar, las autoridades localizaron al imputado en aparente estado de ebriedad y, según la acusación, portando un arma de fuego con la que habría amenazado a la víctima.
Durante la intervención policial, el arma fue incautada junto con 14 cartuchos. El imputado fue detenido en flagrancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
El fiscal del caso señaló que, tras el análisis de las pruebas presentadas, el juzgado identificó elementos suficientes para admitir la acusación y ordenar la apertura a juicio.
El procesado permanecerá bajo detención mientras continúa el proceso judicial en su contra.
