Judicial
Juzgado ordena que $23,255 que la MS tenía enterrado en el patio de un casa y en un cañal pasen al Estado
Una sentencia del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador ordena que $23,255 decomisados a la Mara Salvatrucha pasen al Estado.
El dinero era propiedad de la clica Los Ángeles, del programa Shulton, departamento de Usulután y fue incautado en dos procedimientos realizados por la Policía Nacional Civil (PNC), el 15 y 16 de septiembre de 2019.
En las indagaciones realizadas por las autoridades se determinó que los más de $23,000 eran producto de actividades ilícitas como extorsión, tráfico de droga y armas.
El caso comenzó a ser investigado luego que un informante alertara que los terroristas de la MS ocultaban armas de fuego y dinero en dos propiedades vinculadas a esa estructura de crimen organizado.
La Fiscala junto la Policía Nacional Civil solicitaron a un juzgado que permitiera ingresar a los inmuebles para corroborar la información y al tener las órdenes de allanamiento, el 15 de septiembre registraron una vivienda en el municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel, en el inmueble hallaron $17,760 enterrados en el patio.
En un segundo procedimiento, fiscales y policías encontraron $5,495 en un cañal del Caserío La Cañada, de Puerto Parada, Usulután, el dinero estaba oculto en un bolso enterrado entre la maleza.
En la audiencia de sentencia, el juez accedió a la pretensión de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, dijo que la representación fiscal logró probar que el dinero era de la Mara Salvatrucha un grupo calificado como terrorista.
Que la estructura tiene incidencia en los municipios donde ejecutaron los decomisos y que, además, esos fondos provienen de una serie de hechos delictivos propios de ese grupo terrorista.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
