Judicial
Exalcalde de Comasagua y su esposa enfrentarán juicio, entérate por qué delito
El exalcalde del municipio de Comasagua, departamento de La Libertad, José Ricardo Reyes Rosales y su esposa Coralia del Carmen López de Reyes enfrentarán juicio por los delitos de Violación en Menor o Incapaz, Agresión Sexual en Menor o Incapaz agravada, ambas de forma continuada, en perjuicio de un menor de siete años de edad.
El Juzgado Primero de Instrucción de la ciudad de Santa Tecla, con base en la abundante prueba aportada por la representación fiscal, decidió que el exedil pase a la siguiente fase del proceso, es decir a enfrentar la vista pública en donde se decidirá si es culpable o no de los delitos que se les imputan.
El exedil (que fungió en el período 2012 hasta el 2021) fue detenido junto a su cónyuge el 23 de julio de 2021 en su casa de habitación. El 25 de ese mismo mes se acusó judicialmente en el Juzgado de Paz de Comasagua.
Según las investigaciones la víctima es un menor de escasos siete años de edad, al cual habría sometido a realizar actos indecorosos.
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
