Judicial
Enjuician a ocho acusados de hurtar, robar y asesinar
Por delitos cometidos entre el 2016 y 2017, ocho imputados, entre ellos un expolicía son enjuiciados en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La Fiscalía General de la República los acusa de homicidio, hurto y robo, todos los delitos en la modalidad agravada y ha presentado una serie de pruebas entre los que ofrece declaración de testigos.
En las pesquisas se determinó que el 9 de diciembre de 2017 asesinaron a una persona en un centro nocturno del municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Los procesados también son mencionados en hurto y robo de dinero, así como vehículos. El ministerio público busca probar al juzgado que participaron en los hechos y que deben ser condenados a la pena máxima.
Otro de los casos que se están conociendo es el hurto de tres armas de fuego propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC), supuestamente el exagente fue quien sustrajo los tres fusiles de la delegación de Quezaltepeque donde estaba destacado.
El hurto fue cometido en febrero de 2016, según lo establecieron las investigaciones que agentes policiales efectuaron bajo la dirección de la Fiscalía.
«Estas personas fueron absueltas en vista pública, se presentó el recurso de apelación, la cámara correspondiente declaró nulidad de esa vista pública y sentencia y estamos realizando nuevo juicio», dijo la fiscal del caso. Los procesados estuvieron delinquiendo en municipios de La Libertad y Cuscatlán, según la acusación fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
