Judicial
En prisión estarán 54 mareros que fueron capturados en San Miguel en procedimiento Escudo Regional
La Fiscalía General de la República (FGR), Iinformó que un grupo de 54 integrantes de la MS, detenidos la semana pasada en el esfuerzo conjunto del Escudo Regional en San Miguel, responderán por siete homicidios cometidos en diferentes colonias, un homicidio tentado, 21 extorsiones agravadas, 11 privaciones de libertad agravada y 19 conspiraciones en el delito de homicidio.
La resolución fue emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, después del desarrollo de la Audiencia de Imposición de Medidas.
Los imputados fueron capturados la semana pasada en diferentes colonias de San Miguel en el marco de la operación Escudo Regional, que es un esfuerzo conjunto de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley en los países del Triángulo del Norte y Estados Unidos.
Esta exitosa iniciativa ha permitido que se trabaje a nivel regional en investigaciones relacionadas con pandillas.
Varios de los miembros de la estructura criminal responderán por el crimen de Israel Hernández cometido con arma de fuego en la colonia Unidas el 11 de septiembre de 2015.
También darán cuenta por el asesinato de Tania Esmeralda Aparicio Portillo asesinada a tiros el 22 de marzo de 2016 en la residencial San Francisco.
17 mareros de Usulután a prisión
Otro grupo de incriminados detenidos en Usulután también recibieron igual resolución de parte del Juzgado Especializado de Instrucción por el delito de Organizaciones Terroristas.
Fueron aprehendidos con órdenes administrativas giradas por la FGR en diferentes sectores de Usulután.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
