Judicial
Denuncian penalmente a empresa de Salume y exalcalde Roberto d’Aubuisson por fraudes en licitaciones
Tomado de La Noticia SV
El abogado ambientalista, Lic. Edgar Lemus, interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de la Sociedad integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, “S.E.M de C.V”, o “Pul SEM. de C.V, mejor conocida como PULSEM, empresa representada legalmente por Nicolás Adriano Salume Pacas, quien es acusado por diversos delitos de falsedad y malversación de fondos públicos.
El aviso interpuesto por el abogado Edgar Lemus, también es en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d´Abuisson y su Concejo Municipal, por cometer delitos, en contra de las finanzas del Estado.
“Se les está acusando de varios delitos, contra las finanzas del estado, porque es el estado el que ha sido afectado, por ejemplo, contra la fe pública, contra la administración pública, contra las finanzas municipales”, expresó el abogado, Edgar Lemus, en una entrevista para La Noticia SV.
Asimismo, comunicó que lo que se busca con el aviso penal es que las personas sean investigadas y procesadas bajo la Ley, en base a los delitos denunciados en reiteradas ocasiones. También solicita que se reintegre todo lo defraudado en contra del Estado.
“Que considere la fiscalía qué tipo de acción penal solicitar, si es necesario imposición de medidas claras, como la detención pues que se haga. Pero lo principal es que se le reintegre todo lo defraudado a estas instituciones públicas”, agregó el abogado Lemus.
En el aviso penal, en base a las pruebas presentadas, se detalla que la incidencia penal tiene relación directa con los siguientes bienes jurídicos:
- La fe pública
- La administración pública
- Las finanzas municipales, de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de La Libertad
- Las finanzas públicas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Según denuncias anteriores, la empresa de Salume presentó una oferta afirmando que contaba con un permiso ambiental suficiente para darle tratamiento a unas 120 o 190 toneladas de basura producida diariamente en el municipio de Santa Tecla, pero en realidad solo se contaba con un permiso para operar un botadero mixto con una capacidad, legalmente, para disponer un máximo de 42 toneladas de basura en el sitio.
En este sentido, el exalcalde Roberto d´Abuisson, favoreció de manera fraudulenta a Salume con los contratos. “Porque el deber del alcalde era actuar de buena fe y sabiendo que, si se estaba actuando de mala fe, de parte de la sociedad (PULSEM), tenía que poner sus buenas funciones a favor de la municipalidad”, enfatizó Lemus.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
