Judicial
Denuncian a Wil Walter Ruiz y Douglas Meléndez por omisión de la investigación al no enjuiciar a E. Muyshondt por financiar pandillas y avisan al TSE
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de República (FGR) contra el exjefe fiscal Wil Walter Ruiz y su primo el exfiscal general Douglas Meléndez, ya que pese a la extensa prueba contra el alcalde Ernesto Muyshondt omitieron llevarlo ante los tribunales por financiar a dichos grupos terroristas y pagar millones de dólares por comprar votos.
Los posibles delitos que según el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño podrían haber cometido los señalados son incumplimiento de deberes y omisión de la investigación, ya que pasaron por alto los videos en el juicio conocido como “Tregua entre pandillas”, donde se observa a Ernesto Muyshondt reunido con pandilleros, negociando y entregado dinero a los cabecillas de pandillas.
Tanto Wil Walter Ruiz como el entonces fiscal General Douglas Meléndez pasaron por alto la indicación directa del juez Especializado “A” de Sentencia, que los mandó a investigar a otros implicados en el caso de la tregua entre pandillas por entregar dinero para la campaña para las elecciones presidenciales de 2014, de lo cual se documentó ampliamente en los distintos medios de comunicación.
El exjefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, obviaron los videos que la misma FGR presentó como evidencia de cargo en el juicio “Tregua entre Pandillas”, donde se incrimina a Ernesto Muyshondt, ignorando una indicación del citado juez especializado.
De forma paralela, el abogado Sergio Ernesto Potillo Toruño presentó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un escrito demandando que se declare la nulidad de la candidatura de Ernesto Muyshondt, ya que carece de la honradez y moralidad notorias, que constitucionalmente son requisitos para optar a un cargo de elección popular.
Del mismo modo se entregó otro escrito a la fiscal electoral para que se proceda en concordancia con la jurisprudencia ya existente en el país, sobre estos casos donde se argumenta la carencia de requisitos como la honradez y moralidad notorias.
El profesional del derecho espera que los magistrados del TSE actúen en concordancia con la más reciente medida cautelar, dictada por la Sala de lo Constitucional, que dejó fuera de la contienda a Walter Araujo por tener abierto un proceso judicial.
En el caso contra Ernesto Muyshondt hay dos razones para anular su candidatura, ya que en el juzgado 2° de Instrucción se le procesa por fraude electoral por entregar dinero a cambio de votos a los pandilleros y en el tribunal 8° de Instrucción hay un juicio en desarrollo, por no pagar las retenciones salariales a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador.
Ante los hechos expuestos, el abogado Sergio Ernesto portillo Toruño espera que en lo inmediato los magistrados del TSE anulen la candidatura de Ernesto Muyshondt porque no tiene la moralidad y honradez notorias, y la FGR inicie las investigaciones contra Wil Walter Ruiz y su primo Douglas Meléndez, por omisión de la investigación e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
