Judicial
Defensa de Sigfrido Reyes asegura que existen irregularidades en investigación y solicita nulidad del caso
Los abogados defensores de Sigfrido Reyes consideran que la Fiscalía ha incumplido con el debido proceso en las investigaciones al acusar a su cliente de peculado, estafa agravada, lavado de dinero y activos.
En ese sentido, solicitarán al juez del caso la nulidad del proceso judicial en vista de estas irregularidades, que dicen, han encontrado.
Los defensores de Reyes y su esposa, Susy Melba Rodríguez, aseguran que en 2017 acudieron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía a solicitar información sobre si existía alguna investigación contra su cliente.
Se les informó que había cinco, pero que estaban en proceso, razón por la cual como defensores dieron seguimiento a los señalamientos para desvirtuarlos.
Sin embargo, expresaron que el 18 de octubre de 2019 el Ministerio Público desmereció los alegatos que como defensa presentaron, al tiempo que se puso reserva al caso.
A su criterio, esta fue una manera de vulnerar el debido proceso que como defensa realizaban.
De ahí que durante la audiencia realizada este 13 de enero, en el Juzgado 11 de Paz de San Salvador, hayan argumentado que los fiscales del caso no permitieron completar el proceso que establece el Código Procesal Penal para la investigación y trámites administrativos.
Delitos prescribieron en 2019, según defensa
Los defensores del resto de acusados explicaron que delitos como el de incumplimiento de deberes, por el que son señalados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República y tres del IPSFA, prescribireron en 2019.
En el caso, por ejemplo, de Karla Hernández, quien se desempeñaba como asistente de Reyes y que ahora es acusada de lavado de dinero y evasión de impuestos, explicaron que el requerimiento de la Fiscalía no demuestra una investigación en su contra.
Desde el punto de vista de la defensa, es posible que Hernández no haya declarado su patrimonio en la renta, en todo caso es una situación legal que se puede subsanar por la vía administrativa y no de forma penal.
Consideran que el Código Tributario establece cómo se deben subsanar estos casos si en algún momento, por alguna situación, no fue bien declarado su patrimonio en la declaración de la renta.
En todo caso, puede llegar a instancias de apelación tributaria, Fiscalía y luego lo deberá de conocerlo la Cámara de lo Civil.
Argumentaron que este proceso no fue seguido, ya que para un enjuiciamiento tiene que haber una condena de esta Cámara.
Los defensores creen que Hernández es “efecto cascada” de la investigación iniciada contra Reyes.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
