Judicial
Decretan 20 años de cárcel para miembros de extermino que delinquía en La Unión
Cuatro hombres que formaban parte de un grupo de exterminio en La Unión fueron condenados a 20 años de cárcel por el Juzgado de Sentencia de La Unión.
El jefe fiscal de la sede de La Unión, Alexis Gaitán, detalló que Salvador Alfaro, Juan Diego Marchante Quintanilla, Carlos Manuel Estrada Beltrán y José Ángel Herrera Manzano tenían la función de ejecutores en el grupo clandestino. Los sujetos eran acusados por el delito de homicidio agravado.
«Con diferentes pruebas, los fiscales del caso de la Unidad de Vida demostraron que los imputados son coautores del crimen de Rudy Geovany Guembes, acribillado con disparos de arma de fuego cuando se conducía en su vehículo automotor en abril del año 2018, en el barrio El Calvario de San Alejo», dijo el funcionario.
Según las investigaciones decidieron asesinarlo por tener nexos con la MS.
Gaitán explicó que los cuatro sentenciados por este caso también son procesados junto a otros 28 implicados del grupo de exterminio, quienes están a la espera de la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de San Miguel. Se les acusa de tres homicidios agravados consumados, 13 proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, un intento de homicidio agravado y organizaciones terroristas.
#CombateAlCrimen | Las investigaciones determinaron que los condenados junto a 28 sujetos más pertenecen a un grupo de exterminio, que operaba en tres municipios de La Unión. pic.twitter.com/DCxYUc5niI
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 26, 2022
El Diablo de Cordoncillo según el jefe fiscal, recibía financiamiento desde el extranjero y de connacionales y tenían acceso a información policial para operar clandestinamente a fin de controlar los municipios de San Alejo, Yayantique y La Unión.
Las investigaciones han establecido que dentro del grupo existen células que realizaban tareas de ejecutores, financistas y colaboradores del grupo criminal. Se estima que la banda operaba desde hace siete años.
En diciembre del 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) giró varias ordenes de captura y entre los 28 imputadoss está el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), José Neftaly Moreira Romero, que estaba destacado en el puesto policial de la base rural de La Unión, ubicado en el cantón Sirama.
En el desarrollo de las indagaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, la Fiscalía General logró frustrar, al menos, 25 homicidios que se estaban planificando por el grupo criminal en los municipios de San Alejo y Yayantique.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
