Foto: FGR

El Grupo Contra la Impunidad (GCI), de la Fiscalía General de la República, ordenó la detención de 15 exempleados de Casa Presidencial, quienes fungieron durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Los implicados están siendo procesados por los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Peculado.

Entre las personas vinculadas en este caso y que han sido capturadas hasta el momento, se encuentran: Jorge Antonio Revelo, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien gestionó pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de Ley -capurado en Panchimalco-; Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, a él se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia sin estar inscrito como tal -aprehendido en San Salvador-; y Daysi Armida Díaz, tesorera institucional de la Presidencia durante el período noviembre de 2016 a mayo de 2019, quien firmó 193 cheques provenientes del Estado y destinados a 6 cuentas aperturadas sin requisitos de Ley -detenida en detenida en San Marcos.

Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración Cerén (2014-2019) se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas de la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.

Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.

Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus  titulares  dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.

De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados “TALLER BOX CAR y “TALLER FRENOS Y MAS”, a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente.

También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República da un duro golpe a estructuras de corrupción que habían estado enquistadas en las más altas esferas del Estado, en detrimento de la población salvadoreña.

Imagen de referencia

La Fiscalía General de la República presentó suficientes elementos de prueba para evidenciar que 30 terroristas de la MS cometieron los delitos de Homicidio, Proposición y Conspiración de Homicidio, Extorsión Agravada, Organizaciones Terroristas, Tráfico Ilícito, entre otros. Por estos ilícitos se les impusieron penas de prisión que van desde los 3, 18, 23, 69 y 116 hasta 210 años de cárcel.

Entre los condenados está Adilson Efraín Maldinera Álvarez, homeboy de la estructura y a quien el Juzgado Especializado de Sentencia le impuso una pena de 210 años de prisión; Nelson Edgardo Aguirre Aguilar, otro de los homeboy, fue condenado a 116 años de cárcel; y Moisés Otoniel Ramos Rodríguez, corredor de clica, el tribunal le decretó 104 años tras las rejas.

Según el fiscal del caso con las penas impuestas se están resolviendo dos homicidios, cinco proposiciones y conspiraciones de homicidio, siete extorsiones y el delito de agrupaciones ilícitas. Los hechos sucedieron a finales del año 2018 e inicios del 2019.    

Los terroristas operaban en los municipios de Guaymango, Jujutla y San Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán; así como en Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate.

Por cerca de tres años, Ana (nombre ficticio) tuvo que soportar los abusos sexuales de su padrastro, los cuales eran consentidos por su madre biológica, quien incluso observaba cuando su compañero de vida violaba a la menor.

Los hechos sucedieron desde que la víctima tenía 11 años y se prolongaron hasta que la menor cumplió los 13, en 2021, cuando contó lo sucedido.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, los abusos fueron cometidos en la casa donde residían, en Candelaria de la Frontera, y también cuando la menor era enviada por su madre a la parcela donde el agresor se dedicaba a la agricultura.

Todos estos abusos fueron cometidos bajo el consentimiento de la madre. El padrastro de la víctima fue procesado por los delitos de violación sexual agravada y agresión sexual agravada, ambos en modalidad continuada, y la mujer por abandono y desamparo de menores.  

Ambos enfrentaron juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, que condenó al hombre a 38 años y ocho meses de prisión por los dos delitos y a la madre a tres, que fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública.