Judicial
Condenan a dos agentes policiales por solicitar «mordidas» a automovilistas en La Libertad
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la División de Tránsito Terrestre del Puerto de La Libertad, fueron condenados por el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Tecla, luego de que los encontraran culpables de solicitar dinero a conductores que se veían involucrados en percances viales.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades, los dos agentes fueron identificados como Irma Lorena Cáceres Sermeño y Kevin Alexander Sánchez Nolasco, quienes fueron culpados por el de delito de cohecho propio.
Según la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), Cáceres Sermeño participó en dos hechos. Uno de ellos ocurrió el 5 de marzo de 2017, cuando la imputada solicitó dinero a una víctima a cambio de devolverle la placa del vehículo que le había decomisado.
En el segundo caso ocurrió el 18 de junio del mismo año, la agente le solicitó dinero a una segunda víctima a cambio de no remitirle el vehículo, luego de que tuviera un accidente de tránsito.
Por su parte, Sánchez Nolasco le pidió dinero a una víctima a cambio de devolverle sus documentos de tránsito, mismos que habían sido retenidos al afectado el 29 de agosto de 2017, luego de que protagonizara un percance vial.
En el caso de la agente, la FGR demostró que hubo comunicación entre la imputada y la afectada a través de la bitácora de llamadas de los teléfonos de ambas; mientras que en los hechos cometidos por Sánchez Nolasco, se estableció que en el teléfono del imputado había fotografías de los documentos de la víctima.
La condena impuesta
La jueza a cargo de la audiencia de vista pública encontró responsable penal y civilmente a los agentes de Tránsito Terrestre.
Cáceres fue condenada a la pena de seis años de prisión; y Sánchez Nolasco deberá de pagar una pena de tres años de cárcel. Asimismo, ambos serán inhabilitados del cargo que ostentaban en la corporación policial por el mismo período.
La pena de prisión fue cambiada por trabajos de utilidad pública, por lo que la ahora exagente Cáceres Sermeño deberá de realizar 288 jornadas de trabajo público; y Sánchez Nolasco, 144. Además, deberán pagar como responsabilidad civil de $100 cada uno.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
