Judicial
Condenan a 5 años de prisión a exalcaldesas de San Sebastián Salitrillo, por el delito de retención de cuotas laborales
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a purgar una pena de 5 años de prisión las exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, Ana Mercedes Aguilar de Ochoa y Blanca Estela Cortez de Lima, quienes en diferentes periodos, se apropiaron de las cuotas laborales de 18 empleados de la municipalidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) las acusaba del delito de apropiación o en perjuicio de los empleados municipales y subsidiariamente a AFP Confía, AFP Crecer y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Debido a que ambas se encontraban en libertad irrestricta, el Juez ordenó su detención provisional, por lo que ambas fueron enviadas a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se les habilita un cupo en la Cárcel de Mujeres, en Ilopango, San Salvador.
Durante el fallo, el Juez razonó que decretaba la detención provisional para ambas debido a la inminente probabilidad de fuga, debido a que ambas ya tienen una condena de 4 años de prisión por el mismo delito en otras víctimas y otros hechos.
Asimismo, respecto a la responsabilidad civil, el Juez las condenó en abstracto, dejando la posibilidad para que las víctimas entablen un juicio en un Juzgado de lo Civil.
Los hechos por los fueron procesadas ocurrieron cuando laboraban en la referida alcaldía, fungiendo como alcaldesas en diferentes períodos. Según la acusación fiscal, las condenadas habrían descontado, aproximadamente, $600 mil a los empleados municipales, pero no trasladaron a las instituciones correspondientes el dinero.
Por este mismo caso, también está siendo procesado el ex tesorero Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, quien fue separado de esta vista pública, debido a que su abogado defensor desistió de la defensa a última hora. Su proceso será del conocimiento de otro Juez de Sentencia de Santa Ana.
Fuente: Centros Judiciales.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
