Judicial
Condenan a 5 años de prisión a exalcaldesas de San Sebastián Salitrillo, por el delito de retención de cuotas laborales
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana condenó a purgar una pena de 5 años de prisión las exalcaldesas del municipio de San Sebastián Salitrillo, Ana Mercedes Aguilar de Ochoa y Blanca Estela Cortez de Lima, quienes en diferentes periodos, se apropiaron de las cuotas laborales de 18 empleados de la municipalidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) las acusaba del delito de apropiación o en perjuicio de los empleados municipales y subsidiariamente a AFP Confía, AFP Crecer y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Debido a que ambas se encontraban en libertad irrestricta, el Juez ordenó su detención provisional, por lo que ambas fueron enviadas a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras se les habilita un cupo en la Cárcel de Mujeres, en Ilopango, San Salvador.
Durante el fallo, el Juez razonó que decretaba la detención provisional para ambas debido a la inminente probabilidad de fuga, debido a que ambas ya tienen una condena de 4 años de prisión por el mismo delito en otras víctimas y otros hechos.
Asimismo, respecto a la responsabilidad civil, el Juez las condenó en abstracto, dejando la posibilidad para que las víctimas entablen un juicio en un Juzgado de lo Civil.
Los hechos por los fueron procesadas ocurrieron cuando laboraban en la referida alcaldía, fungiendo como alcaldesas en diferentes períodos. Según la acusación fiscal, las condenadas habrían descontado, aproximadamente, $600 mil a los empleados municipales, pero no trasladaron a las instituciones correspondientes el dinero.
Por este mismo caso, también está siendo procesado el ex tesorero Joaquín Ernesto Álvarez Mendoza, quien fue separado de esta vista pública, debido a que su abogado defensor desistió de la defensa a última hora. Su proceso será del conocimiento de otro Juez de Sentencia de Santa Ana.
Fuente: Centros Judiciales.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
