Judicial
Catalino Miranda es acusado de nuevo delito y defensa pide juicio abreviado
Mientras la Fiscalía General de la República le notifica a Catalino Miranda un nuevo proceso penal por falsedad ideológica, el empresario de transporte solicitó este martes a través de sus defensores un procedimiento abreviado con el fin de admitir los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior.
El abogado Mauricio Gámez, confirmó que están negociando con el ministerio público una pena de dos años de prisión por los tres ilícitos. En cuanto al nuevo delito acumulado, el defensor desconoce por el momento los hechos ya que ayer se lo notificaron a Miranda en el penal de Mariona.
En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, además de Catalino Miranda, la Fiscalía acusa a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del transportista. Ambos supuestamente autorizaron que se incrementara la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152.
La defensa ha solicitado un procedimiento abreviado para Catalino Miranda, dijo una fiscal al juez, pero debe hacerlo por escrito y como el trámite podría durar un mes, solicitaron ese plazo al tribunal.
Mauricio Gámez, uno de los defensores también pidió al juez el aplazamiento de la vista pública para dar el trámite administrativo. Sostuvo que Catalino Miranda está de acuerdo a admitir los delitos y confesar los hechos que es uno de los requisitos para que el tribunal avale esa salida alterna.
En cuanto a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, el juez manifestó que se le aplicará el artículo 86 reformado del Código Procesal Penal que autoriza enjuiciarlo como reo ausente.
El tribunal esperará hasta el 15 de mayo para resolver la situación jurídica de Miranda quien está en preso desde el 18 de marzo de 2022.
Fue enviado a Mariona desde la primera audiencia del proceso cuando el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó que siguiera en la cárcel por desórdenes públicos y por resistencia quedó atado al expediente, pero sin ninguna medida.
Este caso pasó al Juzgado Tercero de Instrucción donde se acumuló una segunda causa penal que llegó desde el Juzgado Séptimo de Paz, pero aquí la Fiscalía acuso también a su hijo Adalberto Antonio.
Los dos enfrentaron la audiencia inicial el 24 de marzo de 2022 por venta a precio superior, pero la jueza resolvió con medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000, pero debido a que tenía orden de prisión por desórdenes públicos ha permanecido recluido en el penal de Mariona.
Dice la Fiscalía que Catalino Miranda y su hijo avalaron el incremento de la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas. Este expediente fue llevado a sede judicial por denuncias de pasajeros.
Los afectados señalaron que los motoristas de las dos rutas estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) había autorizado $0.20.
Hay actas policiales de verificación de tarifas incorporadas como prueba documental que dejan constancia de los incrementos denunciados por los usuarios.
Los fiscales en la fase de instrucción ofrecieron como prueba la certificación de los acuerdos de concesión de líneas que otorgó el VMT a las rutas de Catalino Miranda que operaban bajo sociedad Acostes de El Salvador y donde se establecen las tarifas autorizadas las cuales son inferiores a las que estaban cobrando a los pasajeros.
En el documento de auto de apertura a juicio el juzgado plasmó que hubo un incremento no autorizado y que es el Tribunal Tercero de Sentencia el que debe examinar los testimonios y la documentación con la que el ministerio público pretende probar los delitos.
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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Williams Oswaldo Cárcamo Santamaría, miembro de estructura criminal, fuera declarado culpable por un doble crimen, por el que ahora deberá cumplir pena de prisión de 40 años en total.
Las indagaciones desarrolladas por Fiscalía, con apoyo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), establecieron que la madrugada del 27 de septiembre del año 2017, Cárcamo Santamaría le causó la muerte a un hombre y a una mujer, cuando estos se encontraban en el parqueo de microbuses de la ruta 33-B, en la colonia Escalante, cantón San Roque, en Mejicanos.
Hasta ese lugar llegaron 5 delincuentes, incluyendo Cárcamo Santamaría, y bajo amenazas se llevaron a la pareja hasta un lugar desolado -siempre en el área del parqueo-, luego, les dispararon hasta quitarles la vida. Los pandilleros sacaron los cadáveres de las víctimas a bordo de un microbús de la 33-B.
Los cuerpos envueltos en sábanas fueron localizados posteriormente sobre la calle principal que conduce al cantón, mientras que el microbús fue encontrado por las autoridades cerca de la escena de los asesinatos.
El proceso fue del conocimiento del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en Santa Ana, el cual declaró culpable a Santamaría e impuso la pena ya descrita.
En cuanto a los demás criminales que participaron en este hecho, ya están cumpliendo condenas carcelarias al haber sido procesados con anterioridad.
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Un pandillero de la clica Guanacos de la Mara Salvatrucha de la MS 13 fue sentenciado a 8 años de prisión por extorsionar a un comerciante de la ciudad de San Miguel en 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) comprobó al Juzgado Tercero de Instrucción de San Miguel, que Yefri Josué Guevara Ramos recibió $50 dólares en concepto de extorsión.
Según la acusación fiscal, el 20 de abril de 2022, llegó un hombre al negocio de la víctima y le exigió el pago mensual de $50 dólares a partir de ese día.
“El hombre se identificó como miembro de la clica de Guanacos de la Mara Salvatrucha y le dijo que si no le entregaba el dinero lo iba a matar a él (víctima) y a sus empleados”, manifestó el fiscal del caso.
El pandillero le dio un ultimátum y le dijo al comerciante que el transcurso del día le debía entregar el dinero o de lo contrario lo llegarían a matar.
Por miedo a las amenazas, la víctima le pidió al pandillero que regresara en la tarde a recoger el dinero que le exigían.
El mismo día, la víctima interpuso la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un dispositivo de entrega bajo cobertura policial.
Guevara Ramos fue capturado en flagrancia cuando recibía el dinero de la extorsión.
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Un joven fue condenado a pasar 21 años tras las rejas, luego de ser declarado culpable por abusar de una menor de edad.
Los hechos por los que Carlos Bladimir Monterrosa Sánchez fue condenado a 21 años de prisión ocurrieron en septiembre de 2021.
Monterrosa Sánchez penetró en la habitación de la víctima y cometió el abuso, luego la amenazó con dañar a su familia si contaba los vejámenes que sufrió.
Luego de analizar la prueba ofrecida por la Fiscalía General de la República (FGR), el tribunal resolvió que el joven debe permanecer 21 años preso.
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