Judicial
Catalino Miranda es acusado de nuevo delito y defensa pide juicio abreviado
Mientras la Fiscalía General de la República le notifica a Catalino Miranda un nuevo proceso penal por falsedad ideológica, el empresario de transporte solicitó este martes a través de sus defensores un procedimiento abreviado con el fin de admitir los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior.
El abogado Mauricio Gámez, confirmó que están negociando con el ministerio público una pena de dos años de prisión por los tres ilícitos. En cuanto al nuevo delito acumulado, el defensor desconoce por el momento los hechos ya que ayer se lo notificaron a Miranda en el penal de Mariona.
En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, además de Catalino Miranda, la Fiscalía acusa a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del transportista. Ambos supuestamente autorizaron que se incrementara la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152.
La defensa ha solicitado un procedimiento abreviado para Catalino Miranda, dijo una fiscal al juez, pero debe hacerlo por escrito y como el trámite podría durar un mes, solicitaron ese plazo al tribunal.
Mauricio Gámez, uno de los defensores también pidió al juez el aplazamiento de la vista pública para dar el trámite administrativo. Sostuvo que Catalino Miranda está de acuerdo a admitir los delitos y confesar los hechos que es uno de los requisitos para que el tribunal avale esa salida alterna.
En cuanto a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, el juez manifestó que se le aplicará el artículo 86 reformado del Código Procesal Penal que autoriza enjuiciarlo como reo ausente.
El tribunal esperará hasta el 15 de mayo para resolver la situación jurídica de Miranda quien está en preso desde el 18 de marzo de 2022.
Fue enviado a Mariona desde la primera audiencia del proceso cuando el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó que siguiera en la cárcel por desórdenes públicos y por resistencia quedó atado al expediente, pero sin ninguna medida.
Este caso pasó al Juzgado Tercero de Instrucción donde se acumuló una segunda causa penal que llegó desde el Juzgado Séptimo de Paz, pero aquí la Fiscalía acuso también a su hijo Adalberto Antonio.
Los dos enfrentaron la audiencia inicial el 24 de marzo de 2022 por venta a precio superior, pero la jueza resolvió con medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000, pero debido a que tenía orden de prisión por desórdenes públicos ha permanecido recluido en el penal de Mariona.
Dice la Fiscalía que Catalino Miranda y su hijo avalaron el incremento de la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas. Este expediente fue llevado a sede judicial por denuncias de pasajeros.
Los afectados señalaron que los motoristas de las dos rutas estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) había autorizado $0.20.
Hay actas policiales de verificación de tarifas incorporadas como prueba documental que dejan constancia de los incrementos denunciados por los usuarios.
Los fiscales en la fase de instrucción ofrecieron como prueba la certificación de los acuerdos de concesión de líneas que otorgó el VMT a las rutas de Catalino Miranda que operaban bajo sociedad Acostes de El Salvador y donde se establecen las tarifas autorizadas las cuales son inferiores a las que estaban cobrando a los pasajeros.
En el documento de auto de apertura a juicio el juzgado plasmó que hubo un incremento no autorizado y que es el Tribunal Tercero de Sentencia el que debe examinar los testimonios y la documentación con la que el ministerio público pretende probar los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
