Judicial
Catalino Miranda es acusado de nuevo delito y defensa pide juicio abreviado
Mientras la Fiscalía General de la República le notifica a Catalino Miranda un nuevo proceso penal por falsedad ideológica, el empresario de transporte solicitó este martes a través de sus defensores un procedimiento abreviado con el fin de admitir los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior.
El abogado Mauricio Gámez, confirmó que están negociando con el ministerio público una pena de dos años de prisión por los tres ilícitos. En cuanto al nuevo delito acumulado, el defensor desconoce por el momento los hechos ya que ayer se lo notificaron a Miranda en el penal de Mariona.
En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, además de Catalino Miranda, la Fiscalía acusa a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del transportista. Ambos supuestamente autorizaron que se incrementara la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152.
La defensa ha solicitado un procedimiento abreviado para Catalino Miranda, dijo una fiscal al juez, pero debe hacerlo por escrito y como el trámite podría durar un mes, solicitaron ese plazo al tribunal.
Mauricio Gámez, uno de los defensores también pidió al juez el aplazamiento de la vista pública para dar el trámite administrativo. Sostuvo que Catalino Miranda está de acuerdo a admitir los delitos y confesar los hechos que es uno de los requisitos para que el tribunal avale esa salida alterna.
En cuanto a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, el juez manifestó que se le aplicará el artículo 86 reformado del Código Procesal Penal que autoriza enjuiciarlo como reo ausente.
El tribunal esperará hasta el 15 de mayo para resolver la situación jurídica de Miranda quien está en preso desde el 18 de marzo de 2022.
Fue enviado a Mariona desde la primera audiencia del proceso cuando el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó que siguiera en la cárcel por desórdenes públicos y por resistencia quedó atado al expediente, pero sin ninguna medida.
Este caso pasó al Juzgado Tercero de Instrucción donde se acumuló una segunda causa penal que llegó desde el Juzgado Séptimo de Paz, pero aquí la Fiscalía acuso también a su hijo Adalberto Antonio.
Los dos enfrentaron la audiencia inicial el 24 de marzo de 2022 por venta a precio superior, pero la jueza resolvió con medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000, pero debido a que tenía orden de prisión por desórdenes públicos ha permanecido recluido en el penal de Mariona.
Dice la Fiscalía que Catalino Miranda y su hijo avalaron el incremento de la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas. Este expediente fue llevado a sede judicial por denuncias de pasajeros.
Los afectados señalaron que los motoristas de las dos rutas estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) había autorizado $0.20.
Hay actas policiales de verificación de tarifas incorporadas como prueba documental que dejan constancia de los incrementos denunciados por los usuarios.
Los fiscales en la fase de instrucción ofrecieron como prueba la certificación de los acuerdos de concesión de líneas que otorgó el VMT a las rutas de Catalino Miranda que operaban bajo sociedad Acostes de El Salvador y donde se establecen las tarifas autorizadas las cuales son inferiores a las que estaban cobrando a los pasajeros.
En el documento de auto de apertura a juicio el juzgado plasmó que hubo un incremento no autorizado y que es el Tribunal Tercero de Sentencia el que debe examinar los testimonios y la documentación con la que el ministerio público pretende probar los delitos.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
