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Cárcel para pandilleros que exigieron $5,000 a comerciante en Chalatenango
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El Tribunal de Sentencia de Chalatenango, luego de escuchar las pruebas de cargo y descargo, condenó a 20 años de prisión a cuatro supuestos pandilleros por el delito de extorsión agravada.
Los condenados son: Julio Adalberto Huezo Portillo, de 38 años de edad; Roberto Carlos Lemus, de 20; José Orlando Pineda Vásquez, de 22, y Herberth Alonso Huezo Portillo, de 39.
Consta en el proceso que, los hechos ocurrieron en el municipio de La Reina, departamento de Chalatenango, desde junio de 2019 cuando los sujetos llegaron al negocio de su víctima para exigirle $2 mil dólares a cambio de no atentar contra su vida o la de sus parientes más cercanos. La víctima entregó el dinero.
Un mes después, los pandilleros volvieron donde su víctima para pedirle $1,000 dólares, siempre bajo amenazas de muerte. Nuevamente la víctima entregó el dinero por temor a que los pandilleros cumplieran sus amenazas.
En agosto de ese mismo año, los sujetos interceptaron al comerciante para exigirle esta vez $5,000 dólares, pero este les dijo que no andaba dinero; por lo tanto, los pandilleros le dijeron que llegarían a su casa en unos días.
Ante esto, la víctima interpuso la denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), cuyos agentes montaron un dispositivo para arrestar en flagrancia a los sujetos que llegaron el 19 de agosto a recoger los $5,000 dólares.
A los ahora condenados se les decomisó el paquete que contenía billetes debidamente seriados. En el juicio los cuatro fueron debidamente individualizados.
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43 integrantes de la MS-13 enfrentan juicio por agrupaciones ilícitas en San Miguel
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.

Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.

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Autoridades capturan a pedófilo vinculado a una red internacional de abuso sexual infantil
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
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Prisión para mujer que abandonó a su recién nacido en un basurero
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.




