Judicial
Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.
El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.
La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.
La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.
Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
