Judicial
Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes
El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.
Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.
Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.
El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.
La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.
La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.
Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
