Judicial
“Aquí te manda el dinero la jefa”, dijo el atacante cuando le disparó a su víctima por una deuda en sala de belleza
Ada Nubia Torres Parada Rodríguez, de 33 años, mantuvo una relación sentimental con un hombre, el cual le otorgó un crédito y le entregó en venta una sala de belleza para que ella fuera cancelando en cuotas.
Pasaron los días y la mujer contrajo matrimonio con otra persona de nombre Diego Stantey García González, de 28 años, y a raíz de esa situación Parada Rodríguez ya no le pagó al primer hombre con quien tuvo un romance y que le había vendido la sala de belleza.
La víctima relató en la audiencia inicial que Diego García le dijo a su esposa que si le seguía cobrando el dinero lo iban a matar.
A raíz de esa situación García contactó a Noé Gilberto Beltrán Ibáñez, de 20 años; y ambos optaron por asesinar a la víctima la noche del 21 de mayo cuando se encontraba en la acera de la 10ª Avenida Sur y pasaje Salazar en el barrio San Jacinto, al sur de la capital.
No le tocaba morir
Ese día cuando la víctima sufrió el atentado, uno de los hechores, Beltrán Ibañez, le dijo: «Aquí te manda el dinero la jefa”, y después le disparó; sin embargo, la víctima resultó ilesa.
Después de haber cometido el atentado y creyendo que habían cometido el asesinato, Beltrán y García escaparon en un vehículo de la escena, y aunque se dieron a la fuga la Policía logró obtener el número de placa y su ubicación.
El vehículo fue interceptado por las autoridades, era conducido por una mujer quien al ser detenida explicó tener conocimiento de quienes habían realizado el atentado.
Un día después del ataque, los sujetos fueron localizados y capturados por las autoridades; ambos fueron presentados al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador acusados del delito de homicidio agravado tentado y les decretaron detención.
Ada Parada también enfrentó audiencia inicial y el Juzgado 7° de Paz de San Salvador le decretó detención por el delito de homicidio agravado tentado.
El proceso judicial será acumulado y los tres enfrentarán la audiencia preliminar en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Cadena perpetua para cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por el delito de pertenencia a organización terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada después de que el tribunal valorara las pruebas presentadas contra la estructura que operaba en ese departamento.
Entre los sentenciados figura Josué Odir Granados Zapata, identificado por la Fiscalía como cabecilla y palabrero encargado de una zona. También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, señalados como integrantes de la misma agrupación.
En el mismo proceso, otros cuatro miembros fueron condenados a 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas. En total, el fallo comprende a nueve personas, con penas diferenciadas según los delitos por los que fueron encontradas responsables.
Los cuatro condenados a 45 años también tienen procesos judiciales pendientes, de acuerdo con la información atribuida a la FGR. Esas causas deberán resolverse por separado; los reportes consultados no detallan los delitos adicionales ni las fechas de las próximas audiencias.
Judicial
Capturan al “hermano Juan”, señalado de amenazar a una mujer de 40 años
Juan Antonio Herrera Velásquez, de 43 años y conocido como “el hermano Juan”, fue capturado por presuntamente amenazar a una mujer de 40 años. Según la información publicada por El Blog, que atribuye el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se realizó en flagrancia.
El detenido fue presentado en publicaciones de redes sociales como un hombre dedicado a predicar mensajes religiosos. Sin embargo, la información consultada no identifica la congregación a la que pertenecería ni precisa si desempeña formalmente un cargo pastoral.

El delito señalado en el reporte es amenazas. Aunque el titular original utiliza la palabra “ultraja”, el contenido de la noticia no describe una agresión sexual ni detalla lesiones físicas contra la mujer. Tampoco especifica las expresiones que habría utilizado el detenido o las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta la publicación consultada, no se había precisado oficialmente el lugar de los hechos ni si existía algún vínculo entre Herrera Velásquez y la víctima. Las búsquedas complementarias localizaron publicaciones sobre la captura, pero no aportaron un informe oficial accesible con mayores detalles del caso.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.








