Judicial
Anciano vuelve a los tribunales por abusar de su nieta de cinco años
Debido a que agredió sexualmente a su nieta de cinco años de edad, Carlos N. fue procesado judicialmente en los Tribunales de Sentencia y condenado por segunda ocasión. Esta vez, a ocho años de prisión y al pago de $500 en concepto de responsabilidad civil.
De acuerdo a la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la oficina fiscal de Soyapango, el imputado cometió el delito en horas de la noche del 28 de octubre de 2016, aprovechando que la menor de edad estaba sola en la habitación donde ella duerme.
Según los relatos, la niña decidió ir a dormir a una de las habitaciones de la vivienda donde reside, situada en una colonia de la jurisdicción de Soyapango, su abuelo aprovechó esa acción para acercarse a ella y tocarle sus partes íntimas.
Tras ello, la víctima lloró y con un grito llamó a su mamá, por lo que el imputado se retiró del cuarto, pero antes le pidió a la menor que no le dijera a nadie lo que había hecho, por lo que cuando la progenitora de la niña llegó esta se quedó callada.
Ante a las insistentes preguntas de su madre, la víctima le respondió que el abuelo Carlos la había tocado. Posteriormente, la mamá llamó al Sistema de Emergencias 911, de la Policía Nacional Civil (PNC), para dar aviso de lo ocurrido. Los agentes policiales lograron capturar en flagrancia al imputado.
El anciano ya había sido condenado en una primera ocasión, pero su abogado defensor presentó un recurso de apelación, por lo que una de las Cámaras de lo Penal declaró nula la audiencia de vista pública, por ende el fallo interpuesto en ese momento.
Sin embargo, ahora volverá a prisión tras la nueva condena.
Por: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
