Judicial
Amigo de Alejandra le dio “ride”, luego ambos fueron raptados por dos sujetos que les robaron sus pertenencias y la violaron
El 13 de abril de 2018 Alejandra (nombre cambiado para proteger identidad) salía de estudiar en la ciudad de Santa Ana y se encontró con un compañero que le ofreció «ride» hasta la Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga; y ella aceptó.
Después de varios minutos de camino finalmente llegaron a su destino, ella se estaba quitando el cinturón de seguridad mientras le agradecía a David (nombre cambiado), y él le decía que no era nada y que se cuidara de camino a casa.
Antes de que Alejandra pusiera un pie en el suelo, las dos puertas traseras del carro fueron abiertas y un par de segundos más tarde dos voces impidieron que la joven se bajara y le exigieron a David seguir conduciendo.
Entre amenazas, los hombres obligaron al joven a conducir hasta una zona poco transitada del bulevar Nicolás Salume y cuando estacionaron una mano con una navaja se acercó al cuello de Alejandra.
El sujeto le pedía que le entregara sus cosas, ella le dio su cartera donde le quitaron $10 en efectivo y un teléfono celular valorado en $90, mientras esto ocurría el otro asaltante hizo lo mismo con David.
Después de haberle entregado sus cosas, Alejandra vio que la navaja seguía cerca de su cuello hasta que uno de los hombres le dijo que se bajara del carro, ella se negó, pero el roce del filo del arma la obligó a salir.
Ella fue llevada hasta unos cafetales donde el hombre la violó y unos minutos después la llevó al carro, pero el segundo sujeto la estaba esperando para hacerle lo mismo: la llevó a los cafetales y la abusó.
Alejandra fue liberada, por lo que lo primero que hizo fue buscar ayuda médica y fue remitida al hospital Juan de Dios, los médicos la revisaron y avisaron a la Policía para que buscaran a los responsables.
El dispositivo de búsqueda dio como resultado la captura de David Eliseo T., de 21 años, identificado como uno de los dos hombres.
David Eliseo fue acusado por la Fiscalía de violación agravada, robo agravado y privación de libertad en el Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana y el juez decidió que el caso pase a la etapa de sentencia.
Será en el Tribunal 1º de Sentencia de la misma ciudad donde se determine si el arrestado es culpable de los delitos que se le imputan.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
