Judicial
Alcalde arenero condenado a 6 años de prisión por Tráfico Ilícito de Personas
El actual alcalde del municipio de Concepción Batres, departamento de Usulután, Benjamín Romeo Machuca Díaz, fue declarado responsable del delito de Tráfico Ilegal de Personas.
Los Fiscales del caso de la oficina de Usulután detallaron que, junto al edil, una estructura de 8 integrantes la MS que operaba en el mismo municipio, le impusieron penas entre los 6 y 3 años por Organizaciones Terroristas y Agrupaciones Ilícitas.
Desde su captura en agosto del año 2018, con una orden administrativa de la sede fiscal de Usulután, el jefe edilicio, se mantuvo en prisión, pero posteriormente la Cámara Especializada de lo Penal de San Miguel le sustituyó la detención por otras medidas, que gozó hasta el día de hoy.
La representación fiscal a través de diferentes herramientas tecnológicas demostró en el juicio en el Juzgado de Especializado de Sentencia de San Miguel, que el alcalde junto a José Medardo Márquez Sura, se dedicaban a transportar personas ilegalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Los interesados en emigrar pagaban entre los US$3,000.00 y US$4,000.00 que depositaban en las cuentas bancarias de los imputados.
Márquez Sura también fue encontrado culpable y sentenciado a 6 años de cárcel por el mismo delito de Tráfico Ilegal de Personas.
En el mismo juicio fueron condenados los miembros de la MS, Scarleth Nohemy Arriaza Torres y Marden Stenio Portillo Martínez a 8 años de prisión.
Mientras que Franklin Eduardo Alvarado Rodríguez fue condenado a 6 años de prisión por Agrupaciones Ilícitas.
Y a 4 mareros más que aceptaron pertenecer a la MS les impusieron en un proceso abreviado, tres años de cárcel.
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Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
