Judicial
Acusan a pareja de torturar y matar a un niño de 2 años
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Wendy Saraí Gómez Zelaya y Víctor Geovanny Melgar Menjívar se mantengan en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de homicidio agravado y maltrato infantil con acto de tortura, en perjuicio de un niño de 2 años.
Los procesados son la madre y su pareja, quien el 19 de mayo de este año, habría sofocado al niño hasta asfixiarlo. Los hechos ocurrieron en el cantón Tierra Blanca, distrito de Jiquilisco, municipio Usulután Oeste.
La FGR procesa a la madre del menor por homicidio agravado bajo la modalidad de comisión por omisión, ya que al momento del crimen no hizo nada para evitar que el menor fuera asfixiado y reanimarlo.
La pareja llevó al menor a recibir asistencia médica por un supuesto episodio de epilepsia, pero llegó sin vida y con evidencias de maltrato físico. Al observar el cuerpo del menor, los médicos activaron el protocolo de muerte sospechosa y lograron determinar en autopsia que el niño murió por asfixia.
Según la investigación fiscal, la pareja convivía desde el 17 de abril de este año en Jiquilisco y desde esa fecha ejercían violencia física contra el menor.
La medida de detención provisional fue impuesta por el Juzgado Segundo de Paz de Jiquilisco, Usulután.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Julia Violeta Consuelo S. V., siga en detención por haber estafado con $250,000 a un ciudadano estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República la imputada se asoció con el extranjero para instalar una empresa de producción de cerveza artesanal.
La víctima aportó los $250,000 y dejó como responsable a la imputada ya que él residía en Estados Unidos. El negocio comenzó a funcionar en el 2020, en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito, San Salvador.
Pero cuando la procesada dejó de reportar ganancias el norteamericano decidió ya no seguir invirtiendo dinero, pero en mayo de 2022, la mujer junto a otras personas creó una nueva sociedad en Talnique, La Libertad, para vender la fórmula de la cerveza registrada al principio sin autorización del estadounidense, por lo cual el inversionista decidió denunciar a Julia Violeta Consuelo ante la Fiscalía para que se iniciara el proceso penal por el delito de estafa.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, recibió en vista pública la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en contra de Cruz Ernesto Recinos García, por tráfico ilícito.
El imputado fue detenido el 9 de diciembre de 2023, en el cantón Chanmico, de San Juan Opico, con 23,033 gramos de marihuana valuados en $23,000.
El caso comenzó a ser investigado ese mismo día, cuando un informante llegó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar que un hombre a quien conocía como Neto almacenaba en su casa cantidades de droga.
Cuando los agentes antinarcóticos ingresaron a la vivienda encontraron 20 paquetes de marihuana, teléfonos celulares y un arma de fuego, en las audiencias inicial y preliminar los jueces que conocieron de la causa resolvieron que el acusado continuara en la cárcel hasta que su situación de defina en vista pública.
«Según el perito que realizó la experticia, con dicha sustancia se pueden confeccionar 46 cigarrillos. Como Fiscalía estamos solicitando una sentencia condenatoria en contra del señor Recinos García por el delito de tráfico ilícito y que dicte una sentencia de 15 años de prisión, siendo esta la pena máxima que tiene previsto dicho delito», sostuvo el representante del ministerio público.
Un pandillero del Barrio 18 fue condenado a más de 41 años de prisión por extorsión agravada e intentar asesinar a un agente policial, 00detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
El terrorista fue identificado como José Lorenzo García García.
Por otra parte, el pandillero identificado como José Joaquín García Vivas, que también participó en el delito de extorsión agravada, recibió 16 años de cárcel como condena. Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Estos terroristas delinquían en diferentes zonas de San Pedro Perulapán y le exigieron entre $500 y $800 mensuales a la víctima para permitirle movilizarse en la zona.
En mayo de 2022, mientras recibían el dinero de la renta, hubo un intercambio de disparos en el cual un policía salió herido.
