Judicial
Abren juicio contra sujeto que falsificó firma para apropiarse de unos terrenos
El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra Miguel Antonio L. de 50 años de edad, por el delito de uso y tenencia de documentos falsos en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente de la víctima Luis T.
Según la hipótesis fiscal, basada en la denuncia de la víctima, se presentó en el año 2020 al Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de esta capital a verificar el estado de dos inmuebles de su propiedad valorados en $60.000 dólares, notando que ya no estaban a su nombre, sino del imputado Carlos Alberto M. con una compraventa donde le habían falsificado su firma como vendedor ante los oficios de un notario que en las indagaciones resultó que también le habían falsificado firma y el sello.
La fiscalía acusó a Miguel Antonio de que fue él quien presentó la escritura falsa de los inmuebles, al respecto la defensa del imputado señaló que su cliente solo presentó el documento no hubo un concierto previo para afectar a la víctima, pues él se dedica a presentar documentos a varias instituciones y que solo los recibe de los abogados y que no sabe si la documentación que le dan son verdaderos o falsos.
Al respecto la juzgadora consideró que los argumentos de la defensa fueron insuficientes por lo que deberá valorarse en su conjunto en una vista pública y así determinar si el imputado efectivamente conoció o no de los medios fraudulentos en la escritura que presentó. La juzgadora separó el proceso del imputado ausente Carlos Alberto M. acusado de falsedad material.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
