Judicial
Abren juicio contra sujeto que falsificó firma para apropiarse de unos terrenos
El Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra Miguel Antonio L. de 50 años de edad, por el delito de uso y tenencia de documentos falsos en perjuicio de la fe pública y subsidiariamente de la víctima Luis T.
Según la hipótesis fiscal, basada en la denuncia de la víctima, se presentó en el año 2020 al Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de esta capital a verificar el estado de dos inmuebles de su propiedad valorados en $60.000 dólares, notando que ya no estaban a su nombre, sino del imputado Carlos Alberto M. con una compraventa donde le habían falsificado su firma como vendedor ante los oficios de un notario que en las indagaciones resultó que también le habían falsificado firma y el sello.
La fiscalía acusó a Miguel Antonio de que fue él quien presentó la escritura falsa de los inmuebles, al respecto la defensa del imputado señaló que su cliente solo presentó el documento no hubo un concierto previo para afectar a la víctima, pues él se dedica a presentar documentos a varias instituciones y que solo los recibe de los abogados y que no sabe si la documentación que le dan son verdaderos o falsos.
Al respecto la juzgadora consideró que los argumentos de la defensa fueron insuficientes por lo que deberá valorarse en su conjunto en una vista pública y así determinar si el imputado efectivamente conoció o no de los medios fraudulentos en la escritura que presentó. La juzgadora separó el proceso del imputado ausente Carlos Alberto M. acusado de falsedad material.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
