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Judicial

Abogado René Medrano abandonó el caso de Matteo Pasquale y Franco Pacetti que pretendían ser víctimas

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El Juzgado Segundo de Instrucción, según resolución que este medio tuvo oportunidad de conocer, declaró el día 24 de febrero de 2020, abandonada la Querella (facultad para acusar en el proceso) del abogado René Alberto Medrano quien actuaba en representación de las supuestas víctimas, los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes tienen una orden de captura de Interpol por el caso de Extorsión y Apropiación de las  acciones, en perjuicio del empresario Enrique Rais.

Este proceso penal fue iniciado sin ninguna denuncia y fue a petición única de Wil Walter Ruiz (primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez) para acusar nuevamente a Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, el abogado Héctor Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, siempre se dijo que era una doble persecusion y es una réplica del caso identificado públicamente como “Rais-Martínez” ya que se fundó en las mismas escuchas cuestionadas en su validez y autenticidad, provenientes de un procedimiento de intervención telefónica illegal donde nunca obtuvieron autorización judicial para escuchar teléfonos del empresario Enrique Rais y en una declaración de un Testigo con Clave, que en la audiencia inicial los fiscales del caso, tuvieron que aceptar que se trataba de un testigo criteriado.

Precisamente en la misma resolución el Juzgado declaró improcedente: la petición de selección de audios, por haber tenido un año para solicitarlo sin haberlo hecho, también se ordena la destrucción del expediente por ya no ser útil al ser una copia; y la declaración anticipada del Testigo Criteriado por carecer de fundamentación para motivar la razón por la cual no podría brindar su testimonio en una eventual vista pública.

De acuerdo a la resolución del juzgado de instrucción, al abogado René Medrano se le admitió la calidad de querellante, el día 09 de agosto de 2019; no obstante transcurrido el plazo para presentar acusación, no fue presentada lo que conforme al artículo 115 del Código Procesal Penal, trae como consecuencia que se declare abandonada la Querella, no permitiendo que se continúe la acción penal  sobre el caso y contra los procesados en el mismo, por parte del Querellante.

El abogado que ejerce la defensa técnica de Hugo Blanco Rais, al ser consultado expresó que: “la declaratoria de abandono de la Querella viene a ratificar lo que desde un inicio en este proceso destacó la defensa, que el caso carecía de los mínimos elementos probatorios para sustentarse, ha sido un gran desgaste para el órgano judicial que la fiscalía –durante la administración del Ex Fiscal General Meléndez- haya iniciado oficiosamente una investigación con pruebas cuestionables y sin control judicial, ni participación de la defensa, en flagrante violación de los derechos humanos de nuestro cliente. Los ciudadanos canadienses durante 5 años han querido presentarse como víctimas, pero nunca fueron capaces de proponer una sola diligencia y por tanto no contaban con ninguna prueba para sostener esta acusación.”

En la misma resolución también se le confiere un plazo de tres días para que fiscalía informe sobre la razón por la que no presentó en tiempo la acusación, bajo prevención de declarar la extinción de la acción penal.

El abogado consultado también aclara: “Que el plazo para presentar acusación tanto para Fiscalía como para querella ya transcurrió sin que se haya presentado ninguna; por lo que consideramos que la actual Fiscalía, a cargo del Fiscal General Raúl Melara, actuará apegada a la Constitución y a los derechos humanos de los procesados, evitando la continuidad de un proceso penal carente de pruebas, donde no han existido reales y efectivas oportunidades de defensa por causas no atribuibles a los procesados, pero que no permitió la utilización de todos los medios que la ley permite, para controvertir los supuestos elementos de prueba de cargo que aportó fiscalía al inicio de esta causa”

 

También destacó que: “para que exista un control institucional de las actuaciones de los distintos agentes fiscales y así garantizar que funcionen con objetividad, imparcialidad e independencia, presentarán una nota al Fiscal General, para que realice una auditoría que determine la razón por la cual un mismo fiscal auxiliar ha estado a cargo de un proceso penal en que fiscalía pidió sobreseimiento a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti donde Blanco Rais era victima; ese fiscal luego presenta un requerimiento en contra de Hugo Blanco Rais sobre un hecho que un juez ya reconoció que a lo sumo podía ser de naturaleza mercantil. Y ahora ese mismo fiscal que no estaba ni siquiera asignado a la unidad de crimen organizado, aparece acreditándose para ser parte en este proceso. No estamos haciendo ningún señalamiento específico, pero genera sospechas y recelos que es necesario que la Fiscalía aclare” Indicó.

 

El abogado también dejó entrever que están haciendo las consideraciones pertinentes y documentado los expedientes para presentar pruebas que en la fiscalía, a cargo del Ex Fiscal General Meléndez, pudo haber acciones ilícitas de favorecer a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, como también a algunos de sus abogados, de manera que en los casos que tenían la calidad de imputados se archivaran o sobreseyeran las investigaciones y en aquellos donde tuvieren interés se les facilitare la condición de víctimas para acusar a personas específicas, especialmente a los señores Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.

Judicial

Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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