Judicial
Abogado René Medrano abandonó el caso de Matteo Pasquale y Franco Pacetti que pretendían ser víctimas
El Juzgado Segundo de Instrucción, según resolución que este medio tuvo oportunidad de conocer, declaró el día 24 de febrero de 2020, abandonada la Querella (facultad para acusar en el proceso) del abogado René Alberto Medrano quien actuaba en representación de las supuestas víctimas, los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes tienen una orden de captura de Interpol por el caso de Extorsión y Apropiación de las acciones, en perjuicio del empresario Enrique Rais.
Este proceso penal fue iniciado sin ninguna denuncia y fue a petición única de Wil Walter Ruiz (primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez) para acusar nuevamente a Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, el abogado Héctor Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, siempre se dijo que era una doble persecusion y es una réplica del caso identificado públicamente como “Rais-Martínez” ya que se fundó en las mismas escuchas cuestionadas en su validez y autenticidad, provenientes de un procedimiento de intervención telefónica illegal donde nunca obtuvieron autorización judicial para escuchar teléfonos del empresario Enrique Rais y en una declaración de un Testigo con Clave, que en la audiencia inicial los fiscales del caso, tuvieron que aceptar que se trataba de un testigo criteriado.
Precisamente en la misma resolución el Juzgado declaró improcedente: la petición de selección de audios, por haber tenido un año para solicitarlo sin haberlo hecho, también se ordena la destrucción del expediente por ya no ser útil al ser una copia; y la declaración anticipada del Testigo Criteriado por carecer de fundamentación para motivar la razón por la cual no podría brindar su testimonio en una eventual vista pública.
De acuerdo a la resolución del juzgado de instrucción, al abogado René Medrano se le admitió la calidad de querellante, el día 09 de agosto de 2019; no obstante transcurrido el plazo para presentar acusación, no fue presentada lo que conforme al artículo 115 del Código Procesal Penal, trae como consecuencia que se declare abandonada la Querella, no permitiendo que se continúe la acción penal sobre el caso y contra los procesados en el mismo, por parte del Querellante.
El abogado que ejerce la defensa técnica de Hugo Blanco Rais, al ser consultado expresó que: “la declaratoria de abandono de la Querella viene a ratificar lo que desde un inicio en este proceso destacó la defensa, que el caso carecía de los mínimos elementos probatorios para sustentarse, ha sido un gran desgaste para el órgano judicial que la fiscalía –durante la administración del Ex Fiscal General Meléndez- haya iniciado oficiosamente una investigación con pruebas cuestionables y sin control judicial, ni participación de la defensa, en flagrante violación de los derechos humanos de nuestro cliente. Los ciudadanos canadienses durante 5 años han querido presentarse como víctimas, pero nunca fueron capaces de proponer una sola diligencia y por tanto no contaban con ninguna prueba para sostener esta acusación.”
En la misma resolución también se le confiere un plazo de tres días para que fiscalía informe sobre la razón por la que no presentó en tiempo la acusación, bajo prevención de declarar la extinción de la acción penal.
El abogado consultado también aclara: “Que el plazo para presentar acusación tanto para Fiscalía como para querella ya transcurrió sin que se haya presentado ninguna; por lo que consideramos que la actual Fiscalía, a cargo del Fiscal General Raúl Melara, actuará apegada a la Constitución y a los derechos humanos de los procesados, evitando la continuidad de un proceso penal carente de pruebas, donde no han existido reales y efectivas oportunidades de defensa por causas no atribuibles a los procesados, pero que no permitió la utilización de todos los medios que la ley permite, para controvertir los supuestos elementos de prueba de cargo que aportó fiscalía al inicio de esta causa”
También destacó que: “para que exista un control institucional de las actuaciones de los distintos agentes fiscales y así garantizar que funcionen con objetividad, imparcialidad e independencia, presentarán una nota al Fiscal General, para que realice una auditoría que determine la razón por la cual un mismo fiscal auxiliar ha estado a cargo de un proceso penal en que fiscalía pidió sobreseimiento a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti donde Blanco Rais era victima; ese fiscal luego presenta un requerimiento en contra de Hugo Blanco Rais sobre un hecho que un juez ya reconoció que a lo sumo podía ser de naturaleza mercantil. Y ahora ese mismo fiscal que no estaba ni siquiera asignado a la unidad de crimen organizado, aparece acreditándose para ser parte en este proceso. No estamos haciendo ningún señalamiento específico, pero genera sospechas y recelos que es necesario que la Fiscalía aclare” Indicó.
El abogado también dejó entrever que están haciendo las consideraciones pertinentes y documentado los expedientes para presentar pruebas que en la fiscalía, a cargo del Ex Fiscal General Meléndez, pudo haber acciones ilícitas de favorecer a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, como también a algunos de sus abogados, de manera que en los casos que tenían la calidad de imputados se archivaran o sobreseyeran las investigaciones y en aquellos donde tuvieren interés se les facilitare la condición de víctimas para acusar a personas específicas, especialmente a los señores Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
