Judicial
Abogado René Medrano abandonó el caso de Matteo Pasquale y Franco Pacetti que pretendían ser víctimas
El Juzgado Segundo de Instrucción, según resolución que este medio tuvo oportunidad de conocer, declaró el día 24 de febrero de 2020, abandonada la Querella (facultad para acusar en el proceso) del abogado René Alberto Medrano quien actuaba en representación de las supuestas víctimas, los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes tienen una orden de captura de Interpol por el caso de Extorsión y Apropiación de las acciones, en perjuicio del empresario Enrique Rais.
Este proceso penal fue iniciado sin ninguna denuncia y fue a petición única de Wil Walter Ruiz (primo hermano del Ex Fiscal General Douglas Meléndez) para acusar nuevamente a Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, el abogado Héctor Francisco Grimaldi y Ernesto Gutiérrez, siempre se dijo que era una doble persecusion y es una réplica del caso identificado públicamente como “Rais-Martínez” ya que se fundó en las mismas escuchas cuestionadas en su validez y autenticidad, provenientes de un procedimiento de intervención telefónica illegal donde nunca obtuvieron autorización judicial para escuchar teléfonos del empresario Enrique Rais y en una declaración de un Testigo con Clave, que en la audiencia inicial los fiscales del caso, tuvieron que aceptar que se trataba de un testigo criteriado.
Precisamente en la misma resolución el Juzgado declaró improcedente: la petición de selección de audios, por haber tenido un año para solicitarlo sin haberlo hecho, también se ordena la destrucción del expediente por ya no ser útil al ser una copia; y la declaración anticipada del Testigo Criteriado por carecer de fundamentación para motivar la razón por la cual no podría brindar su testimonio en una eventual vista pública.
De acuerdo a la resolución del juzgado de instrucción, al abogado René Medrano se le admitió la calidad de querellante, el día 09 de agosto de 2019; no obstante transcurrido el plazo para presentar acusación, no fue presentada lo que conforme al artículo 115 del Código Procesal Penal, trae como consecuencia que se declare abandonada la Querella, no permitiendo que se continúe la acción penal sobre el caso y contra los procesados en el mismo, por parte del Querellante.
El abogado que ejerce la defensa técnica de Hugo Blanco Rais, al ser consultado expresó que: “la declaratoria de abandono de la Querella viene a ratificar lo que desde un inicio en este proceso destacó la defensa, que el caso carecía de los mínimos elementos probatorios para sustentarse, ha sido un gran desgaste para el órgano judicial que la fiscalía –durante la administración del Ex Fiscal General Meléndez- haya iniciado oficiosamente una investigación con pruebas cuestionables y sin control judicial, ni participación de la defensa, en flagrante violación de los derechos humanos de nuestro cliente. Los ciudadanos canadienses durante 5 años han querido presentarse como víctimas, pero nunca fueron capaces de proponer una sola diligencia y por tanto no contaban con ninguna prueba para sostener esta acusación.”
En la misma resolución también se le confiere un plazo de tres días para que fiscalía informe sobre la razón por la que no presentó en tiempo la acusación, bajo prevención de declarar la extinción de la acción penal.
El abogado consultado también aclara: “Que el plazo para presentar acusación tanto para Fiscalía como para querella ya transcurrió sin que se haya presentado ninguna; por lo que consideramos que la actual Fiscalía, a cargo del Fiscal General Raúl Melara, actuará apegada a la Constitución y a los derechos humanos de los procesados, evitando la continuidad de un proceso penal carente de pruebas, donde no han existido reales y efectivas oportunidades de defensa por causas no atribuibles a los procesados, pero que no permitió la utilización de todos los medios que la ley permite, para controvertir los supuestos elementos de prueba de cargo que aportó fiscalía al inicio de esta causa”
También destacó que: “para que exista un control institucional de las actuaciones de los distintos agentes fiscales y así garantizar que funcionen con objetividad, imparcialidad e independencia, presentarán una nota al Fiscal General, para que realice una auditoría que determine la razón por la cual un mismo fiscal auxiliar ha estado a cargo de un proceso penal en que fiscalía pidió sobreseimiento a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti donde Blanco Rais era victima; ese fiscal luego presenta un requerimiento en contra de Hugo Blanco Rais sobre un hecho que un juez ya reconoció que a lo sumo podía ser de naturaleza mercantil. Y ahora ese mismo fiscal que no estaba ni siquiera asignado a la unidad de crimen organizado, aparece acreditándose para ser parte en este proceso. No estamos haciendo ningún señalamiento específico, pero genera sospechas y recelos que es necesario que la Fiscalía aclare” Indicó.
El abogado también dejó entrever que están haciendo las consideraciones pertinentes y documentado los expedientes para presentar pruebas que en la fiscalía, a cargo del Ex Fiscal General Meléndez, pudo haber acciones ilícitas de favorecer a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, como también a algunos de sus abogados, de manera que en los casos que tenían la calidad de imputados se archivaran o sobreseyeran las investigaciones y en aquellos donde tuvieren interés se les facilitare la condición de víctimas para acusar a personas específicas, especialmente a los señores Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
