Judicial
Abogado interpone denuncia contra fiscal German Arriaza, como ampliación de investigación solicitada por IDHUCA
Se conoció este día, que el abogado Luis Zepeda, interpuso en Fiscalía una denuncia en contra del Jefe de la Unidad de Investigación Especializada, German Arriaza, por la posible comisión del delito de Omisión en la Investigación, en el cual habría incurrido el denunciado al no profundizar las investigaciones sobre el extravío de 52 armas de fuego que se encontraban resguardadas como evidencia en las Bodegas de Fiscalía en la ciudad de San Miguel.
La denuncia interpuesta, de acuerdo al profesional del derecho surgió después de haber leído el comunicado divulgado por el IDHUCA, el día viernes 29 de noviembre del presente año, en el que informaba que habían presentado un aviso penal para que se investigue al Fiscal General Adjunto, basado en publicaciones realizadas por los medios digitales EL FARO y FACTUM; de manera que al revisar el contenido de la nota publicada por EL FARO, según manifestó el propio abogado “advertí que existían otros posibles delitos relacionados en la publicación “Los Trapos sucios del Fiscal que se va” que también debían ser investigados para transparentar la administración y buen funcionamiento de la institución fiscal, ya que involucraban a otro de los altos funcionarios de la FGR, como es German Arriaza.”
El presupuesto de la denuncia, consiste en que de acuerdo a la nota publicada por EL FARO, se realizó un extravío de armas de fuego, dinero y droga que había sido decomisada en distintos hechos y se encontraba en resguardo como evidencia de los delitos; esos hechos ocurrieron mientras German Arriaza era Director de la Zona Oriental, durante las adminIstraciones de los Ex Fiscales Generales Luis Martínez y Douglas Meléndez; sin que se realizaran las indagaciones suficientes y pertinentes para determinar los responsables de la sustracción, con el agravante que entre esas armas de fuego, se encontraban pistolas y escopetas, que terminaron en control de los grupos criminales, como las maras o pandillas.
Para el abogado Zepeda, aunque es destacable el esfuerzo planteado por IDHUCA, para que se investiguen posibles actos de corrupción y se combata la impunidad; sin embargo, su aviso penal resulta extrañamente limitado al Fiscal General Adjunto, cuando de la nota del FARO, se desprenden distintas conductas que arrojan elementos para también investigar otros funcionarios y ex funcionarios fiscales.
Especialmente enfatiza el abogado, que se hacen señalamientos al Fiscal Adjunto por haber volado en aeronaves privadas propiedad de uno o varios empresarios; pero que él ha tenido conocimiento referencial por expresiones escuchadas en el Centro Judicial a dos abogados que aparecen como víctimas en el caso corruptela, que también German Arriaza viajó en vuelos con el Ex Fiscal Luis Martínez en aeronaves privadas.
Por lo que da la impresión que se ha enfatizado una persecución penal selectiva, siendo necesario que se confirme si en el tema de tales vuelos hay una conducta antiética o criminal y por qué no se han realizado señalamientos en iguales condiciones a todos los que viajaron, ni a todos los empresarios de los que se comenta en la jerga judicial que prestaron sus aeronaves.
Respecto a German Arriaza, una publicación de Diario Latino, de agosto del presente año, lo ubicaba en una reunión en el Centro Comercial “LA JOYA” donde habrían participado abogados vinculados a la UCA, como también Wil Walter Ruiz (ex jefe UCCO y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez) Jorge Cortez, Max Muñoz, Mario Huezo, Froilán Coto, Sandra Yanira Salazar, Mario Huezo y Víctor García Corpeño. Por lo que a criterio del abogado, es importante que se tome en cuenta la petición de IDHUCA, para que se permita la participación de organismos internacionales, que ayuden a cambiar la perspectiva extendida en la población salvadoreña que en la FGR, no se están realizando todas las investigaciones de un modo objetivo e imparcial. “La investigación de las actuaciones internas de la FGR, sería un buen inicio para la CICIES”- concluyó.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
