Judicial
Abogado interpone denuncia contra fiscal German Arriaza, como ampliación de investigación solicitada por IDHUCA
Se conoció este día, que el abogado Luis Zepeda, interpuso en Fiscalía una denuncia en contra del Jefe de la Unidad de Investigación Especializada, German Arriaza, por la posible comisión del delito de Omisión en la Investigación, en el cual habría incurrido el denunciado al no profundizar las investigaciones sobre el extravío de 52 armas de fuego que se encontraban resguardadas como evidencia en las Bodegas de Fiscalía en la ciudad de San Miguel.
La denuncia interpuesta, de acuerdo al profesional del derecho surgió después de haber leído el comunicado divulgado por el IDHUCA, el día viernes 29 de noviembre del presente año, en el que informaba que habían presentado un aviso penal para que se investigue al Fiscal General Adjunto, basado en publicaciones realizadas por los medios digitales EL FARO y FACTUM; de manera que al revisar el contenido de la nota publicada por EL FARO, según manifestó el propio abogado “advertí que existían otros posibles delitos relacionados en la publicación “Los Trapos sucios del Fiscal que se va” que también debían ser investigados para transparentar la administración y buen funcionamiento de la institución fiscal, ya que involucraban a otro de los altos funcionarios de la FGR, como es German Arriaza.”
El presupuesto de la denuncia, consiste en que de acuerdo a la nota publicada por EL FARO, se realizó un extravío de armas de fuego, dinero y droga que había sido decomisada en distintos hechos y se encontraba en resguardo como evidencia de los delitos; esos hechos ocurrieron mientras German Arriaza era Director de la Zona Oriental, durante las adminIstraciones de los Ex Fiscales Generales Luis Martínez y Douglas Meléndez; sin que se realizaran las indagaciones suficientes y pertinentes para determinar los responsables de la sustracción, con el agravante que entre esas armas de fuego, se encontraban pistolas y escopetas, que terminaron en control de los grupos criminales, como las maras o pandillas.
Para el abogado Zepeda, aunque es destacable el esfuerzo planteado por IDHUCA, para que se investiguen posibles actos de corrupción y se combata la impunidad; sin embargo, su aviso penal resulta extrañamente limitado al Fiscal General Adjunto, cuando de la nota del FARO, se desprenden distintas conductas que arrojan elementos para también investigar otros funcionarios y ex funcionarios fiscales.
Especialmente enfatiza el abogado, que se hacen señalamientos al Fiscal Adjunto por haber volado en aeronaves privadas propiedad de uno o varios empresarios; pero que él ha tenido conocimiento referencial por expresiones escuchadas en el Centro Judicial a dos abogados que aparecen como víctimas en el caso corruptela, que también German Arriaza viajó en vuelos con el Ex Fiscal Luis Martínez en aeronaves privadas.
Por lo que da la impresión que se ha enfatizado una persecución penal selectiva, siendo necesario que se confirme si en el tema de tales vuelos hay una conducta antiética o criminal y por qué no se han realizado señalamientos en iguales condiciones a todos los que viajaron, ni a todos los empresarios de los que se comenta en la jerga judicial que prestaron sus aeronaves.
Respecto a German Arriaza, una publicación de Diario Latino, de agosto del presente año, lo ubicaba en una reunión en el Centro Comercial “LA JOYA” donde habrían participado abogados vinculados a la UCA, como también Wil Walter Ruiz (ex jefe UCCO y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez) Jorge Cortez, Max Muñoz, Mario Huezo, Froilán Coto, Sandra Yanira Salazar, Mario Huezo y Víctor García Corpeño. Por lo que a criterio del abogado, es importante que se tome en cuenta la petición de IDHUCA, para que se permita la participación de organismos internacionales, que ayuden a cambiar la perspectiva extendida en la población salvadoreña que en la FGR, no se están realizando todas las investigaciones de un modo objetivo e imparcial. “La investigación de las actuaciones internas de la FGR, sería un buen inicio para la CICIES”- concluyó.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
