Judicial
Abogado interpone denuncia contra fiscal German Arriaza, como ampliación de investigación solicitada por IDHUCA
Se conoció este día, que el abogado Luis Zepeda, interpuso en Fiscalía una denuncia en contra del Jefe de la Unidad de Investigación Especializada, German Arriaza, por la posible comisión del delito de Omisión en la Investigación, en el cual habría incurrido el denunciado al no profundizar las investigaciones sobre el extravío de 52 armas de fuego que se encontraban resguardadas como evidencia en las Bodegas de Fiscalía en la ciudad de San Miguel.
La denuncia interpuesta, de acuerdo al profesional del derecho surgió después de haber leído el comunicado divulgado por el IDHUCA, el día viernes 29 de noviembre del presente año, en el que informaba que habían presentado un aviso penal para que se investigue al Fiscal General Adjunto, basado en publicaciones realizadas por los medios digitales EL FARO y FACTUM; de manera que al revisar el contenido de la nota publicada por EL FARO, según manifestó el propio abogado “advertí que existían otros posibles delitos relacionados en la publicación “Los Trapos sucios del Fiscal que se va” que también debían ser investigados para transparentar la administración y buen funcionamiento de la institución fiscal, ya que involucraban a otro de los altos funcionarios de la FGR, como es German Arriaza.”
El presupuesto de la denuncia, consiste en que de acuerdo a la nota publicada por EL FARO, se realizó un extravío de armas de fuego, dinero y droga que había sido decomisada en distintos hechos y se encontraba en resguardo como evidencia de los delitos; esos hechos ocurrieron mientras German Arriaza era Director de la Zona Oriental, durante las adminIstraciones de los Ex Fiscales Generales Luis Martínez y Douglas Meléndez; sin que se realizaran las indagaciones suficientes y pertinentes para determinar los responsables de la sustracción, con el agravante que entre esas armas de fuego, se encontraban pistolas y escopetas, que terminaron en control de los grupos criminales, como las maras o pandillas.
Para el abogado Zepeda, aunque es destacable el esfuerzo planteado por IDHUCA, para que se investiguen posibles actos de corrupción y se combata la impunidad; sin embargo, su aviso penal resulta extrañamente limitado al Fiscal General Adjunto, cuando de la nota del FARO, se desprenden distintas conductas que arrojan elementos para también investigar otros funcionarios y ex funcionarios fiscales.
Especialmente enfatiza el abogado, que se hacen señalamientos al Fiscal Adjunto por haber volado en aeronaves privadas propiedad de uno o varios empresarios; pero que él ha tenido conocimiento referencial por expresiones escuchadas en el Centro Judicial a dos abogados que aparecen como víctimas en el caso corruptela, que también German Arriaza viajó en vuelos con el Ex Fiscal Luis Martínez en aeronaves privadas.
Por lo que da la impresión que se ha enfatizado una persecución penal selectiva, siendo necesario que se confirme si en el tema de tales vuelos hay una conducta antiética o criminal y por qué no se han realizado señalamientos en iguales condiciones a todos los que viajaron, ni a todos los empresarios de los que se comenta en la jerga judicial que prestaron sus aeronaves.
Respecto a German Arriaza, una publicación de Diario Latino, de agosto del presente año, lo ubicaba en una reunión en el Centro Comercial “LA JOYA” donde habrían participado abogados vinculados a la UCA, como también Wil Walter Ruiz (ex jefe UCCO y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez) Jorge Cortez, Max Muñoz, Mario Huezo, Froilán Coto, Sandra Yanira Salazar, Mario Huezo y Víctor García Corpeño. Por lo que a criterio del abogado, es importante que se tome en cuenta la petición de IDHUCA, para que se permita la participación de organismos internacionales, que ayuden a cambiar la perspectiva extendida en la población salvadoreña que en la FGR, no se están realizando todas las investigaciones de un modo objetivo e imparcial. “La investigación de las actuaciones internas de la FGR, sería un buen inicio para la CICIES”- concluyó.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
