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Judicial

Abogado interpone denuncia contra fiscal German Arriaza, como ampliación de investigación solicitada por IDHUCA

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Se conoció este día, que el abogado Luis Zepeda, interpuso en Fiscalía una denuncia en contra del Jefe de la Unidad de Investigación Especializada, German Arriaza, por la posible comisión del delito de Omisión en la Investigación, en el cual habría incurrido el denunciado al no profundizar las investigaciones sobre el extravío de 52 armas de fuego que se encontraban resguardadas como evidencia en las Bodegas de Fiscalía en la ciudad de San Miguel.

La denuncia interpuesta, de acuerdo al profesional del derecho surgió después de haber leído el comunicado divulgado por el IDHUCA, el día viernes 29 de noviembre del presente año, en el que informaba que habían presentado un aviso penal para que se investigue al Fiscal General Adjunto, basado en publicaciones realizadas por los medios digitales EL FARO y FACTUM; de manera que al revisar el contenido de la nota publicada por EL FARO, según manifestó el propio abogado “advertí que existían otros posibles delitos relacionados en la publicación “Los Trapos sucios del Fiscal que se va” que también debían ser investigados para transparentar la administración y buen funcionamiento de la institución fiscal, ya que involucraban a otro de los altos funcionarios de la FGR, como es German Arriaza.”

El presupuesto de la denuncia, consiste en que de acuerdo a la nota publicada por EL FARO, se realizó un extravío de armas de fuego, dinero y droga que había sido decomisada en distintos hechos y se encontraba en resguardo como evidencia de los delitos; esos hechos ocurrieron mientras German Arriaza era Director de la Zona Oriental, durante las adminIstraciones de los Ex Fiscales Generales Luis Martínez y Douglas Meléndez; sin que se realizaran las indagaciones suficientes y pertinentes para determinar los responsables de la sustracción, con el agravante que entre esas armas de fuego, se encontraban pistolas y escopetas, que terminaron en control de los grupos criminales, como las maras o pandillas.

Para el abogado Zepeda, aunque es destacable el esfuerzo planteado por IDHUCA, para que se investiguen posibles actos de corrupción y se combata la impunidad; sin embargo, su aviso penal resulta extrañamente limitado al Fiscal General Adjunto, cuando de la nota del FARO, se desprenden distintas conductas que arrojan elementos para también investigar otros funcionarios y ex funcionarios fiscales.

Especialmente enfatiza el abogado, que se hacen señalamientos al Fiscal Adjunto por haber volado en aeronaves privadas propiedad de uno o varios empresarios; pero que él ha tenido conocimiento referencial por expresiones escuchadas en el Centro Judicial a dos abogados que aparecen como víctimas en el caso corruptela, que también German Arriaza viajó en vuelos con el Ex Fiscal Luis Martínez en aeronaves privadas.

Por lo que da la impresión que se ha enfatizado una persecución penal selectiva, siendo necesario que se confirme si en el tema de tales vuelos hay una conducta antiética o criminal y por qué no se han realizado señalamientos en iguales condiciones a todos los que viajaron, ni a todos los empresarios de los que se comenta en la jerga judicial que prestaron sus aeronaves.

Respecto a German Arriaza, una publicación de Diario Latino, de agosto del presente año, lo ubicaba en una reunión en el Centro Comercial “LA JOYA” donde habrían participado abogados vinculados a la UCA, como también Wil Walter Ruiz (ex jefe UCCO y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez) Jorge Cortez, Max Muñoz, Mario Huezo, Froilán Coto, Sandra Yanira Salazar, Mario Huezo y Víctor García Corpeño. Por lo que a criterio del abogado, es importante que se tome en cuenta la petición de IDHUCA, para que se permita la participación de organismos internacionales, que ayuden a cambiar la perspectiva extendida en la población salvadoreña que en la FGR, no se están realizando todas las investigaciones de un modo objetivo e imparcial. “La investigación de las actuaciones internas de la FGR, sería un buen inicio para la CICIES”- concluyó.

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Judicial

Procesan a mujer por amenazas contra dos personas protegidas en Soyapango

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El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.

Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.

Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.

El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.

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Judicial

Exdirectivos de Argoz enfrentan nuevo proceso penal por estafa agravada

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.

Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.

De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.

Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.

El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.

La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.

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Judicial

Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán

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El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.

El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.

La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.

La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.

El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.

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