Judicial
Abogado interpone denuncia contra fiscal German Arriaza, como ampliación de investigación solicitada por IDHUCA
Se conoció este día, que el abogado Luis Zepeda, interpuso en Fiscalía una denuncia en contra del Jefe de la Unidad de Investigación Especializada, German Arriaza, por la posible comisión del delito de Omisión en la Investigación, en el cual habría incurrido el denunciado al no profundizar las investigaciones sobre el extravío de 52 armas de fuego que se encontraban resguardadas como evidencia en las Bodegas de Fiscalía en la ciudad de San Miguel.
La denuncia interpuesta, de acuerdo al profesional del derecho surgió después de haber leído el comunicado divulgado por el IDHUCA, el día viernes 29 de noviembre del presente año, en el que informaba que habían presentado un aviso penal para que se investigue al Fiscal General Adjunto, basado en publicaciones realizadas por los medios digitales EL FARO y FACTUM; de manera que al revisar el contenido de la nota publicada por EL FARO, según manifestó el propio abogado “advertí que existían otros posibles delitos relacionados en la publicación “Los Trapos sucios del Fiscal que se va” que también debían ser investigados para transparentar la administración y buen funcionamiento de la institución fiscal, ya que involucraban a otro de los altos funcionarios de la FGR, como es German Arriaza.”
El presupuesto de la denuncia, consiste en que de acuerdo a la nota publicada por EL FARO, se realizó un extravío de armas de fuego, dinero y droga que había sido decomisada en distintos hechos y se encontraba en resguardo como evidencia de los delitos; esos hechos ocurrieron mientras German Arriaza era Director de la Zona Oriental, durante las adminIstraciones de los Ex Fiscales Generales Luis Martínez y Douglas Meléndez; sin que se realizaran las indagaciones suficientes y pertinentes para determinar los responsables de la sustracción, con el agravante que entre esas armas de fuego, se encontraban pistolas y escopetas, que terminaron en control de los grupos criminales, como las maras o pandillas.
Para el abogado Zepeda, aunque es destacable el esfuerzo planteado por IDHUCA, para que se investiguen posibles actos de corrupción y se combata la impunidad; sin embargo, su aviso penal resulta extrañamente limitado al Fiscal General Adjunto, cuando de la nota del FARO, se desprenden distintas conductas que arrojan elementos para también investigar otros funcionarios y ex funcionarios fiscales.
Especialmente enfatiza el abogado, que se hacen señalamientos al Fiscal Adjunto por haber volado en aeronaves privadas propiedad de uno o varios empresarios; pero que él ha tenido conocimiento referencial por expresiones escuchadas en el Centro Judicial a dos abogados que aparecen como víctimas en el caso corruptela, que también German Arriaza viajó en vuelos con el Ex Fiscal Luis Martínez en aeronaves privadas.
Por lo que da la impresión que se ha enfatizado una persecución penal selectiva, siendo necesario que se confirme si en el tema de tales vuelos hay una conducta antiética o criminal y por qué no se han realizado señalamientos en iguales condiciones a todos los que viajaron, ni a todos los empresarios de los que se comenta en la jerga judicial que prestaron sus aeronaves.
Respecto a German Arriaza, una publicación de Diario Latino, de agosto del presente año, lo ubicaba en una reunión en el Centro Comercial “LA JOYA” donde habrían participado abogados vinculados a la UCA, como también Wil Walter Ruiz (ex jefe UCCO y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez) Jorge Cortez, Max Muñoz, Mario Huezo, Froilán Coto, Sandra Yanira Salazar, Mario Huezo y Víctor García Corpeño. Por lo que a criterio del abogado, es importante que se tome en cuenta la petición de IDHUCA, para que se permita la participación de organismos internacionales, que ayuden a cambiar la perspectiva extendida en la población salvadoreña que en la FGR, no se están realizando todas las investigaciones de un modo objetivo e imparcial. “La investigación de las actuaciones internas de la FGR, sería un buen inicio para la CICIES”- concluyó.
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.

Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.






