Judicial
Abogada Tania Pastor exige se investigue con prontitud al exfiscal Douglas Meléndez por supuestas torturas a fiscales y empleados de la FGR
El ex fiscal de la República, Douglas Meléndez siguen ocupando agenda política a nivel nacional, tras ser denunciado por empleados y fiscales de presuntas torturas y violación a los derechos humanos de los demandados.
Los fiscales y trabajadores confesaron en su momento que fueron víctimas de torturas y acciones arbitrarias por parte del exfiscal Meléndez y su equipo más cercano de trabajo encabezado por su primo Wil Walter Ruiz y el fiscal Jorge Cortez (Jefe de la UIF) para obligarlos a ser “testigos criteriados y a mentir” y así fabricar el caso CORRUPTELA y perjudicar al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez, entre otros.
Tras esta serie de denuncias esta mañana de martes la abogada Tania Pastor pidió que se esclarezca con prontitud las denuncias en contra de Douglas Meléndez Ruiz y el resto de sus colaboradores señalados.
La profesional del derecho expresó en la entrevista de TVX que si el caso Corruptela fue llevado ante tribunales teniendo como origen las declaraciones falsas de los testigos criteriados de toda la investigación, el “caso se cae completo porque la nulidad va hasta atrás”.
Lo anterior según Tania Pastor, podría deberse a un posible caso de actos arbitrarios por parte del exfiscal general Douglas Meléndez o en su defecto a culpa de las personas criteriadas.
“¿Y esta afectación es culpa de los siete criterados, de los cuales se está investigando una tortura hacia ellos, o es culpa de una probable comisión de actos arbitrarios o abuso de autoridad por parte de Douglas Meléndez?”, externó.
“Yo si como población y como ciudadana exijo claridad y transparencia en que eso se dio”, agregó Pastor.
La abogada sostuvo que “cuando el río suena es porque trae piedras” refiriéndose a que hay tres casos aislados de denuncias en contra del exfiscal Meléndez, entre ellos el delito de utilizar el centro de escuchas telefónicas de forma ilegal para intervenir teléfonos de empresarios, secretarios generales de partidos políticos, diputados y periodistas. “Incluso el exfiscal Meléndez estaba escuchando al ahora fiscal general Raúl Melara”, dijo.
Se conoció que personalidades como Mauricio Interiano, de ARENA, Medardo González, del Fmln, Roberto Murray Meza, Julio Valdivieso, Mario Salaverría –mano derecha de Tomás Regalado- entre otros, eran escuchados ilegalmente por parte de Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz.
“Esa es una de las violaciones que pueden haber, por lo que debe investigarse el exfiscal Meléndez”, afirmó Pastor.
Las otras denuncias son por fabricar el caso Corruptela y además obligar a testigos de otros casos a brindar declaraciones falsas.
La abogada sostuvo que el exfiscal Meléndez tenía intimidado a todo el sistema judicial y por eso no actuaron en su contra. “Douglas Meléndez insultó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el pleno les dijo que tenían clicas dentro de la Corte; que tenían modus operandi; amenazó a abogados a que los investigaría”, expresó.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
