Judicial
A 32 años de cárcel fue condenado ancianito que violó a menor de edad
Jorge Alberto Ochoa fue condenado a 32 años de cárcel tras comprobarse que abusó sexualmente de una niña de 12 años desde el 2014 hasta el 2019, según estableció la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución detalló que este criminal era el empleador del padre de la víctima y que se aprovechó de la confianza que le habían brindado para ofrecerse a colaborar en tareas del hogar y mandados.
«Cuando la menor se encontraba en casa del imputado, este comenzó a agredirla sexualmente y tiempo después comenzó a violarla bajo amenazas de dejar de ayudar a sus padres», expuso la fuente fiscal sobre el comportamiento del criminal.
Ochoa fue denunciado en 2019 por los abusos y violaciones cometidos contra la menor, pues la víctima reveló a sus familiares lo sucedido tras sufrir ese mismo año un colapso nervioso al ver nuevamente al agresor. Esta familia se había mudado de un sector de Chalatenango a otro, pero Ochoa los logró ubicar.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde expuso al abusador. Las pruebas presentadas por los fiscales del caso evidenciaron la participación del acusado en los delitos de violación en menor o incapaz agravada continuada y agresión sexual en menor agravada continuada.
#VioladorCondenado |📍Chalatenango, Jorge Alberto Ochoa fue condenado a 32 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de 12 años desde el 2014 hasta el 2019.
Este sujeto era el empleador del padre de la víctima y le solicitó a la madre de la menor que le permitiera… pic.twitter.com/vSs9J7BYrl
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 12, 2024
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
