Judicial
8 años de prisión para sujetos que asaltaron una venta de gas en Santa Ana
El Juzgado 2º de Paz de Santa Ana realizó vista pública en juicio sumario contra los imputados Óscar Armando Barrientos, de 35 años de edad; y Óscar Oswaldo Martínez Hernández, de 21, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) atribuía el delito de robo agravado.
Durante el juicio, la representación fiscal presentó suficiente prueba documental y testimonial que acreditó tanto la existencia del delito como la participación de los incoados en la comisión del mismo.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 8 de septiembre del año en curso, en la entrada principal del caserío San Luis La Planta, del cantón Nancintepeque, en Santa Ana, cuando agentes policiales procedieron a detener un vehículo, tipo microbús, y ordenó a sus ocupantes que descendieran del mismo para realizarles una requisa personal, pero no les hallaron nada ilícito.
Sin embargo, fueron detenidos ya que la noche anterior los agentes habían recibido una llamada telefónica de la comandancia de guardia del puesto policial San Jacinto, en Santa Ana, en la cual les informaron que unos sujetos habían llegado a bordo de un microbús a una tienda distribuidora de gas a domicilio, en el caserío San Miguelito, en Santa Ana, donde se encontraba clave “Abelardo” y a punta de pistola habían robado.
De acuerdo con el testimonio de clave “Abelardo”, mientras Barrientos prestaba seguridad, el imputado Martínez Hernández le exigió que abriera la puerta y comenzó a revisar los teléfonos de las personas que estaban en el lugar; y cuando la víctima le entregó sus tres teléfonos, el sujeto gritó que se trataba de un asalto y le exigió el dinero de la venta, entregando clave “Abelardo” la cantidad de $70 dólares en efectivo.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
