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Judicial

314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años

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Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.

Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.

Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.

El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.

Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.

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Capturan a joven de 20 años en Acajutla por amenazar a su propia madre: ella misma lo denunció

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Carlos Mauricio Durán Flores, de 20 años, fue capturado este sábado en Acajutla, Sonsonate Oeste, acusado de amenazar a su madre. La detención se produjo luego de que la propia mujer llamara a la Policía Nacional Civil para denunciar a su hijo.

Según la información disponible, el joven habría realizado amenazas durante una llamada telefónica. La madre manifestó a las autoridades que no se trataba de la primera ocasión en que enfrentaba agresiones y maltrato por parte de su hijo.

Los agentes de la PNC localizaron a Durán Flores en la calle principal del barrio La Playa, en Acajutla, y procedieron a su captura. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se continúe con el proceso legal.

El caso se da en el marco de las denuncias por violencia intrafamiliar que las autoridades atienden de forma prioritaria. La madre de la víctima decidió interponer la denuncia para frenar las amenazas que venía recibiendo.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el contenido exacto de las amenazas ni sobre el historial previo de incidentes entre ambos.

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Envían a prisión a hombre de 44 años por rociar kerosene a su pareja con intención de quemarla en Santa Ana

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Un hombre identificado solo por las iniciales A. V. C. M., de 44 años, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana, acusado del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su pareja sentimental.

Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026 en una colonia ubicada al noroeste del distrito de Santa Ana. La mujer sufría violencia en la relación y, cuando intentó abandonar la vivienda que compartían, el imputado le roció kerosene sobre la ropa y el maletín que llevaba, presuntamente con la intención de prenderle fuego.

La víctima logró escapar con ayuda de vecinos del sector e interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil, que capturó al hombre en flagrancia. El kerosene es un líquido inflamable derivado del petróleo, comúnmente usado como combustible.

El Juzgado decretó instrucción formal con detención provisional y otorgó un plazo de siete meses para la etapa de investigación. Durante este período se continuarán las diligencias correspondientes.

El caso se enmarca en las acciones judiciales contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en grado de tentativa, delitos que las autoridades han priorizado en los últimos años.

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