Judicial
Fiscalía Suiza sobresee al empresario Enrique Rais tras verificar que demandas eran calumniosas
La parte defensora del empresario suizo- salvadoreño, Enrique Rais, dio a conocer la notificación recibida por su abogado, Marc Cheseaux, donde el Ministerio Público Central de Suiza, del caso por supuesto lavado de dinero, donde las autoridades de ese país hicieron una investigación exhaustiva dando como resultado cierre total del caso y sobreseimiento definitivo.
El procurador Anton Rüsch, de la División de Criminalidad Económica de la Fiscalía Suiza, firmó la resolución donde hace constar que abrieron tres casos contra Rais, en dicho país, dos de estos por delito de lavado de dinero, en base a información que habría montado el ex abogado del empresario, Mario Ricardo Calderón Castillo, dichos documentos los sustrajo de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), propiedad del empresario Rais.
Entre los datos sustraídos por parte de Calderón, se encontraban transferencias bancarias, productos de fondos lícitos de la empresa MIDES y del señor Rais, según indicó la Fiscalía Suiza; y que además la Fiscalía General de la República (FGR) salvadoreña, bajo la administración de Douglas Meléndez y Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), habrían usado para crear una persecución ilegal y arbitraria en el país.
La otra denuncia contra el empresario, fue interpuesta por los italianos, nacionalizados canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes acusaban al Sr. Rais, por Robo de las acciones de MIDES, fraude procesal, lavado de dinero y corrupción de funcionarios, a través de documentación sustraída, también por Calderón, para crear pruebas falsas; poniendo también en evidencia la deslealtad para el empresario, por parte del jurista.
Los abogados defensores de Enrique Rais, sostienen que la persecución que continúa y que fue herencia del exfiscal Meléndez, es ilícita y espúranea y que ha sido creada para despojarlo de forma ilegal, de la empresa MIDES, encargada del manejo de los desechos sólidos de la mayor parte de las alcaldía del país y a más de un millón de clientes privados.
Dicho “proceso” creado para las noticias criminis por el exfiscal Meléndez y su primo, Wil Walter Ruiz, exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, sumando casos fraudulentos para, finalmente recurrir a las órdenes penales contra el empresario Rais.
Meléndez ha sido seriamente acusado por este y otro tipo de casos de carácter mediático, que pretendió usar para lograr su reelección en el ministerio público, sin embargo, queda claro que tras la resolución e investigación por parte de Suiza, la fiscalía de Meléndez, careció de seriedad y de justicia.
La Organización de las Naciones Unidas, habría hecho un llamado a parar la persecución ante el caso del empresario Rais, tras una reunión por parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), determinaron que él habría sufrido graves violaciones a sus derechos en El Salvador; por lo que solicitó que la corte reparara los daños ocasionados a su persona.
La Fiscalía Suiza declaró un cierre definitivo a estos procedimientos, por lo que ordenó al estado, de ese país, a cancelar una indemnización inmediata por todos los daños y perjuicios causados al empresario, especialmente a su honra y dignidad por los señalamientos que infundadamente debió afrontar y el desgaste que le significó la comparecencia a audiencias y formulación de pruebas que finalmente constataron su inocencia.
El empresario Rais, junto a sus abogados defensores, esperan que en El Salvador se haga pronta y cumplida justicia, ante los casos que se le acusan e insisten que se investigue independientemente este caso que es parte de las maniobras y manipulación por parte del exfiscal Douglas Meléndez.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
