Nacionales
Instituciones del Gobierno articulan esfuerzos para ampliar el acceso a vivienda de interés social
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como su principal apuesta de Estado la protección social. De ahí que la vivienda digna sea una de las prioridades en su gestión, para lo cual reúne los esfuerzos de diversas instituciones.
La titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, destacó esta coordinación en el equipo de Gobierno. “Trabajamos de la mano con las distintas instituciones para promover la inversión”, indicó la funcionaria. “Necesitamos más proyectos de vivienda social y los inversionistas saben que cuentan con el apoyo del Gobierno del Presidente Bukele”, subrayó la ministra.
En esta línea, el presidente del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, señaló que están dispuestos a generar condiciones para mejorar los resultados. “Con el esfuerzo que está haciendo la ministra Sol, vamos a identificar esos proyectos que son prioritarios de financiar, para garantizar viviendas dignas para los salvadoreños”, comentó el presidente de la referida institución bancaria.
Durante la administración actual, ha incrementado la cantidad de financiamiento para adquirir vivienda, gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno, como la flexibilización de programas, mejores condiciones de fondeo para tener más recursos disponibles y mejoras en la eficiencia de los servicios.
“En la gestión del Presidente Bukele, en el FSV se han realizado cambios en las políticas crediticias que han permitido una escrituración histórica. A la fecha, llevamos $337 millones (distribuidos) en 16,700 créditos. El 96 % fueron destinados a viviendas de interés social”, comentó la ministra Sol, que además es la presidenta del Fondo.
Ahí es donde BANDESAL tiene la capacidad en recursos y en experiencia para dar el apoyo requerido a las empresas desarrolladoras que deseen apostar por este tipo de proyectos, ya que es una inversión de largo plazo.
Otras instituciones que también contribuyen –desde sus campos de acción–, con facilitar el acceso a vivienda son la Dirección General de Centros Penales, con cuadrillas conformadas por reos en fase de confianza. También han recibido apoyo de las alcaldías, el Instituto de Legalización de la Propiedad, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
Paso a paso, comunidad por comunidad, el Presidente Bukele atiende necesidades históricas para las familias salvadoreñas, como tener un techo digno, de excelente calidad, con un título de propiedad que da seguridad jurídica.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




