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Instituciones del Gobierno articulan esfuerzos para ampliar el acceso a vivienda de interés social
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como su principal apuesta de Estado la protección social. De ahí que la vivienda digna sea una de las prioridades en su gestión, para lo cual reúne los esfuerzos de diversas instituciones.
La titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, destacó esta coordinación en el equipo de Gobierno. “Trabajamos de la mano con las distintas instituciones para promover la inversión”, indicó la funcionaria. “Necesitamos más proyectos de vivienda social y los inversionistas saben que cuentan con el apoyo del Gobierno del Presidente Bukele”, subrayó la ministra.
En esta línea, el presidente del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, señaló que están dispuestos a generar condiciones para mejorar los resultados. “Con el esfuerzo que está haciendo la ministra Sol, vamos a identificar esos proyectos que son prioritarios de financiar, para garantizar viviendas dignas para los salvadoreños”, comentó el presidente de la referida institución bancaria.
Durante la administración actual, ha incrementado la cantidad de financiamiento para adquirir vivienda, gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno, como la flexibilización de programas, mejores condiciones de fondeo para tener más recursos disponibles y mejoras en la eficiencia de los servicios.
“En la gestión del Presidente Bukele, en el FSV se han realizado cambios en las políticas crediticias que han permitido una escrituración histórica. A la fecha, llevamos $337 millones (distribuidos) en 16,700 créditos. El 96 % fueron destinados a viviendas de interés social”, comentó la ministra Sol, que además es la presidenta del Fondo.
Ahí es donde BANDESAL tiene la capacidad en recursos y en experiencia para dar el apoyo requerido a las empresas desarrolladoras que deseen apostar por este tipo de proyectos, ya que es una inversión de largo plazo.
Otras instituciones que también contribuyen –desde sus campos de acción–, con facilitar el acceso a vivienda son la Dirección General de Centros Penales, con cuadrillas conformadas por reos en fase de confianza. También han recibido apoyo de las alcaldías, el Instituto de Legalización de la Propiedad, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
Paso a paso, comunidad por comunidad, el Presidente Bukele atiende necesidades históricas para las familias salvadoreñas, como tener un techo digno, de excelente calidad, con un título de propiedad que da seguridad jurídica.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
