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Instituciones del Gobierno articulan esfuerzos para ampliar el acceso a vivienda de interés social
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como su principal apuesta de Estado la protección social. De ahí que la vivienda digna sea una de las prioridades en su gestión, para lo cual reúne los esfuerzos de diversas instituciones.
La titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, destacó esta coordinación en el equipo de Gobierno. “Trabajamos de la mano con las distintas instituciones para promover la inversión”, indicó la funcionaria. “Necesitamos más proyectos de vivienda social y los inversionistas saben que cuentan con el apoyo del Gobierno del Presidente Bukele”, subrayó la ministra.
En esta línea, el presidente del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, señaló que están dispuestos a generar condiciones para mejorar los resultados. “Con el esfuerzo que está haciendo la ministra Sol, vamos a identificar esos proyectos que son prioritarios de financiar, para garantizar viviendas dignas para los salvadoreños”, comentó el presidente de la referida institución bancaria.
Durante la administración actual, ha incrementado la cantidad de financiamiento para adquirir vivienda, gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno, como la flexibilización de programas, mejores condiciones de fondeo para tener más recursos disponibles y mejoras en la eficiencia de los servicios.
“En la gestión del Presidente Bukele, en el FSV se han realizado cambios en las políticas crediticias que han permitido una escrituración histórica. A la fecha, llevamos $337 millones (distribuidos) en 16,700 créditos. El 96 % fueron destinados a viviendas de interés social”, comentó la ministra Sol, que además es la presidenta del Fondo.
Ahí es donde BANDESAL tiene la capacidad en recursos y en experiencia para dar el apoyo requerido a las empresas desarrolladoras que deseen apostar por este tipo de proyectos, ya que es una inversión de largo plazo.
Otras instituciones que también contribuyen –desde sus campos de acción–, con facilitar el acceso a vivienda son la Dirección General de Centros Penales, con cuadrillas conformadas por reos en fase de confianza. También han recibido apoyo de las alcaldías, el Instituto de Legalización de la Propiedad, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
Paso a paso, comunidad por comunidad, el Presidente Bukele atiende necesidades históricas para las familias salvadoreñas, como tener un techo digno, de excelente calidad, con un título de propiedad que da seguridad jurídica.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.
