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Instituciones del Gobierno articulan esfuerzos para ampliar el acceso a vivienda de interés social
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como su principal apuesta de Estado la protección social. De ahí que la vivienda digna sea una de las prioridades en su gestión, para lo cual reúne los esfuerzos de diversas instituciones.
La titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, destacó esta coordinación en el equipo de Gobierno. “Trabajamos de la mano con las distintas instituciones para promover la inversión”, indicó la funcionaria. “Necesitamos más proyectos de vivienda social y los inversionistas saben que cuentan con el apoyo del Gobierno del Presidente Bukele”, subrayó la ministra.
En esta línea, el presidente del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, señaló que están dispuestos a generar condiciones para mejorar los resultados. “Con el esfuerzo que está haciendo la ministra Sol, vamos a identificar esos proyectos que son prioritarios de financiar, para garantizar viviendas dignas para los salvadoreños”, comentó el presidente de la referida institución bancaria.
Durante la administración actual, ha incrementado la cantidad de financiamiento para adquirir vivienda, gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno, como la flexibilización de programas, mejores condiciones de fondeo para tener más recursos disponibles y mejoras en la eficiencia de los servicios.
“En la gestión del Presidente Bukele, en el FSV se han realizado cambios en las políticas crediticias que han permitido una escrituración histórica. A la fecha, llevamos $337 millones (distribuidos) en 16,700 créditos. El 96 % fueron destinados a viviendas de interés social”, comentó la ministra Sol, que además es la presidenta del Fondo.
Ahí es donde BANDESAL tiene la capacidad en recursos y en experiencia para dar el apoyo requerido a las empresas desarrolladoras que deseen apostar por este tipo de proyectos, ya que es una inversión de largo plazo.
Otras instituciones que también contribuyen –desde sus campos de acción–, con facilitar el acceso a vivienda son la Dirección General de Centros Penales, con cuadrillas conformadas por reos en fase de confianza. También han recibido apoyo de las alcaldías, el Instituto de Legalización de la Propiedad, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
Paso a paso, comunidad por comunidad, el Presidente Bukele atiende necesidades históricas para las familias salvadoreñas, como tener un techo digno, de excelente calidad, con un título de propiedad que da seguridad jurídica.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
