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Instituciones del Gobierno articulan esfuerzos para ampliar el acceso a vivienda de interés social
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele tiene como su principal apuesta de Estado la protección social. De ahí que la vivienda digna sea una de las prioridades en su gestión, para lo cual reúne los esfuerzos de diversas instituciones.
La titular del Ministerio de Vivienda (MIVI), Michelle Sol, destacó esta coordinación en el equipo de Gobierno. “Trabajamos de la mano con las distintas instituciones para promover la inversión”, indicó la funcionaria. “Necesitamos más proyectos de vivienda social y los inversionistas saben que cuentan con el apoyo del Gobierno del Presidente Bukele”, subrayó la ministra.
En esta línea, el presidente del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, señaló que están dispuestos a generar condiciones para mejorar los resultados. “Con el esfuerzo que está haciendo la ministra Sol, vamos a identificar esos proyectos que son prioritarios de financiar, para garantizar viviendas dignas para los salvadoreños”, comentó el presidente de la referida institución bancaria.
Durante la administración actual, ha incrementado la cantidad de financiamiento para adquirir vivienda, gracias a las medidas que ha implementado el Gobierno, como la flexibilización de programas, mejores condiciones de fondeo para tener más recursos disponibles y mejoras en la eficiencia de los servicios.
“En la gestión del Presidente Bukele, en el FSV se han realizado cambios en las políticas crediticias que han permitido una escrituración histórica. A la fecha, llevamos $337 millones (distribuidos) en 16,700 créditos. El 96 % fueron destinados a viviendas de interés social”, comentó la ministra Sol, que además es la presidenta del Fondo.
Ahí es donde BANDESAL tiene la capacidad en recursos y en experiencia para dar el apoyo requerido a las empresas desarrolladoras que deseen apostar por este tipo de proyectos, ya que es una inversión de largo plazo.
Otras instituciones que también contribuyen –desde sus campos de acción–, con facilitar el acceso a vivienda son la Dirección General de Centros Penales, con cuadrillas conformadas por reos en fase de confianza. También han recibido apoyo de las alcaldías, el Instituto de Legalización de la Propiedad, el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.
Paso a paso, comunidad por comunidad, el Presidente Bukele atiende necesidades históricas para las familias salvadoreñas, como tener un techo digno, de excelente calidad, con un título de propiedad que da seguridad jurídica.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
