Judicial
Inició el proceso en la Asamblea Legislativa para desaforar al magistrado acusado de presunta agresión sexual
El magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, ha sido acusado de presuntamente agredir sexualmente a una niña de 10 años. Sin embardo, debido a que goza de fuero, la Constitución manda que se le haga antes un antejuicio en la Asamblea Legislativa.
Según la información que dio a conocer recién ocurrido el hecho, el magistrado fue capturado en flagrancia en la colonia Altavista del municipio de Tonacatepeque el 19 de febrero pasado.
De acuerdo con información extraoficional el magistrado Escalante fue denunciado por los padres de la menor que residen en el lugar donde se realizó la captura y la denuncia señaló que vecinos de la niña vieron el momento en el que el magistrado arremetía contra la infante.
Fue llevado de inmediato a la Asamblea para se decidiera qué hacer. Sin embargo, debido a que la ley manda un proceso especial para los magistrados fue puesto en libertad a la espera de que se desarrolle el debido proceso.
El primer paso ya se echó a andar el pasado viernes 22 de febrero, cuando la Fiscalía General de la República presentó la solicitud formal, con la acusación, para que la Asamblea pueda iniciar el proceso para desaforarlo y que enfrente un juicio como cualquier otro ciudadano.
La Asamblea informó que el primer paso que se deberá seguir es que la solicitud pasara la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que evalúe el caso si reúne o no los requisitos para el antejuicio. Luego, deberá emitir un dictamen favorable o desfavorable.
De ser favorable, el antejuicio procede y la Asamblea declara abierto el proceso y elige una comisión especial que será la que evaluará el caso.
La Asamblea deberá elegir un fiscal del caso y el magistrado nombra un defensor o puede defenderse solo. Al mismo tiempo que se le informa la decisión de hacer o no antejuicio.
Posteriormente, de llevar a cabo el antejuicio y escuchar los alegatos del magistrado. Se decide si quitarle el fuero o no. Se emite un dictamen que debe ser aprobado por el pleno legislativo.
A partir de ahí, ya se puede iniciar con el proceso penal en su contra como con cualquier ciudadano acusado de un delito.
NOTA DE El Salvador TIMES
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
