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Gobierno verifica precio de granos básicos para proteger el bolsillo de la población
El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado; el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar; junto a técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, verificaron los precios de granos básicos en el mercado municipal de San Vicente, con el fin de proteger el bolsillo de los salvadoreños.
«Estamos corroborando que haya abastecimiento de cada uno de los productos de la canasta básica e identificar diferenciación de precios, los cuales hemos encontrado. Hago un llamado a los comerciantes del país a respetar los precios, porque ante cualquier anomalía pueden ser denunciados y pueden ser objeto de un proceso sancionatorio», añadió el funcionario.
Asimismo, aseguró que los funcionarios están en territorio por mandato del Presidente Nayib Bukele, con el propósito de proteger a las familias salvadoreñas, lo que incluye sus economías.
«Somos un Gobierno responsable que nos debemos a ustedes. Como Ministro de Agricultura y Ganadería estamos vigilantes y acompañando a los productores con asistencia e insumos. Recientemente terminamos la entrega de paquetes de frijol, por lo que vamos a tener una gran cosecha para abastecer los mercados y abaratar los precios», añadió el Viceministro.
Por su parte, el presidente de la Defensoría señaló que en los últimos días se observó un aumento en el precio del frijol y el desplazamiento busca corregir esa situación.
«Esta es una zona de producción de frijol y la nueva cosecha está por salir. Estamos solicitando documentación del inventario, de compras y ventas para descartar cualquier práctica abusiva. Encontramos precios entre los $90 y $95 por quintal, son montos bajos en comparación a los hallados en otras plazas. Ya comenzamos los resultados de los monitoreos de la Defensoría», agregó.
Los funcionarios pidieron a la población que denuncie cualquier tipo de anomalía al 910 o al WhatsApp 7844-1482, para comenzar el proceso de manera inmediata.
«Tenemos 70 casos en el tribunal sancionador por incrementos injustificados de precios u obstaculizar el trabajo de la Defensoría; y 23 casos sancionados que totalizan un poco más de $94,000», dijo el presidente.
Los comerciantes están de acuerdo con las acciones que se realizan, pues son conscientes de que hay personas inescrupulosas que abusan de los precios y es necesario que haya una regulación en los mercados, pero principalmente en los grandes distribuidores. «Esta es una cadena que llega a los pequeños comercios y después a los compradores de a pie», dijo Flor Durán, comerciante de San Vicente.
A las inspecciones también acompañaron los agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada para velar que el proceso se hiciera en orden.
El Gobierno de El Salvador continuará esforzándose por salvaguaradar la economía de los salvadoreños y garantizar la seguridad alimentaria, combatiendo cualquier tipo de abuso en la comercialización.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
