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Gobierno verifica precio de granos básicos para proteger el bolsillo de la población
El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado; el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar; junto a técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, verificaron los precios de granos básicos en el mercado municipal de San Vicente, con el fin de proteger el bolsillo de los salvadoreños.
«Estamos corroborando que haya abastecimiento de cada uno de los productos de la canasta básica e identificar diferenciación de precios, los cuales hemos encontrado. Hago un llamado a los comerciantes del país a respetar los precios, porque ante cualquier anomalía pueden ser denunciados y pueden ser objeto de un proceso sancionatorio», añadió el funcionario.
Asimismo, aseguró que los funcionarios están en territorio por mandato del Presidente Nayib Bukele, con el propósito de proteger a las familias salvadoreñas, lo que incluye sus economías.
«Somos un Gobierno responsable que nos debemos a ustedes. Como Ministro de Agricultura y Ganadería estamos vigilantes y acompañando a los productores con asistencia e insumos. Recientemente terminamos la entrega de paquetes de frijol, por lo que vamos a tener una gran cosecha para abastecer los mercados y abaratar los precios», añadió el Viceministro.
Por su parte, el presidente de la Defensoría señaló que en los últimos días se observó un aumento en el precio del frijol y el desplazamiento busca corregir esa situación.
«Esta es una zona de producción de frijol y la nueva cosecha está por salir. Estamos solicitando documentación del inventario, de compras y ventas para descartar cualquier práctica abusiva. Encontramos precios entre los $90 y $95 por quintal, son montos bajos en comparación a los hallados en otras plazas. Ya comenzamos los resultados de los monitoreos de la Defensoría», agregó.
Los funcionarios pidieron a la población que denuncie cualquier tipo de anomalía al 910 o al WhatsApp 7844-1482, para comenzar el proceso de manera inmediata.
«Tenemos 70 casos en el tribunal sancionador por incrementos injustificados de precios u obstaculizar el trabajo de la Defensoría; y 23 casos sancionados que totalizan un poco más de $94,000», dijo el presidente.
Los comerciantes están de acuerdo con las acciones que se realizan, pues son conscientes de que hay personas inescrupulosas que abusan de los precios y es necesario que haya una regulación en los mercados, pero principalmente en los grandes distribuidores. «Esta es una cadena que llega a los pequeños comercios y después a los compradores de a pie», dijo Flor Durán, comerciante de San Vicente.
A las inspecciones también acompañaron los agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada para velar que el proceso se hiciera en orden.
El Gobierno de El Salvador continuará esforzándose por salvaguaradar la economía de los salvadoreños y garantizar la seguridad alimentaria, combatiendo cualquier tipo de abuso en la comercialización.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Salvador a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, señalado de colgar a su perro de una pata desde el balcón de su apartamento. La intervención ocurrió después de que el caso fuera denunciado en redes sociales durante la tarde del 20 de octubre.
🔴 URGENTE | Denuncian maltrato a un perrito en Condominio Torre del Sol, San Salvador
🐶 Una denuncia ciudadana alerta que un hombre lleva cerca de 30 minutos agrediendo a un perrito en el quinto piso del Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador.
Los fuertes llantos del animal se escuchan desde el interior del inmueble.
🚔 Se pide la intervención inmediata de la @PNCSV y de las instituciones de bienestar animal para proteger al perrito.
Cc: @alcaldia_ss @marioduran @Vi11atoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 20, 2026
Según la información policial, las imágenes difundidas mostraban al hombre sosteniendo al animal por sus extremidades desde el balcón. La denuncia permitió que las autoridades conocieran el hecho y procedieran con la detención del presunto responsable.
La PNC informó que Rosales Bonilla será remitido a las autoridades correspondientes por el cargo de maltrato animal. Tras confirmar el arresto, la institución expresó: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La información publicada no precisa el estado de salud del perro, si recibió atención veterinaria o bajo qué resguardo quedó después del incidente. Tampoco detalla una resolución judicial contra el detenido, cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
