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Gobierno verifica precio de granos básicos para proteger el bolsillo de la población
El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado; el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar; junto a técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, verificaron los precios de granos básicos en el mercado municipal de San Vicente, con el fin de proteger el bolsillo de los salvadoreños.
«Estamos corroborando que haya abastecimiento de cada uno de los productos de la canasta básica e identificar diferenciación de precios, los cuales hemos encontrado. Hago un llamado a los comerciantes del país a respetar los precios, porque ante cualquier anomalía pueden ser denunciados y pueden ser objeto de un proceso sancionatorio», añadió el funcionario.
Asimismo, aseguró que los funcionarios están en territorio por mandato del Presidente Nayib Bukele, con el propósito de proteger a las familias salvadoreñas, lo que incluye sus economías.
«Somos un Gobierno responsable que nos debemos a ustedes. Como Ministro de Agricultura y Ganadería estamos vigilantes y acompañando a los productores con asistencia e insumos. Recientemente terminamos la entrega de paquetes de frijol, por lo que vamos a tener una gran cosecha para abastecer los mercados y abaratar los precios», añadió el Viceministro.
Por su parte, el presidente de la Defensoría señaló que en los últimos días se observó un aumento en el precio del frijol y el desplazamiento busca corregir esa situación.
«Esta es una zona de producción de frijol y la nueva cosecha está por salir. Estamos solicitando documentación del inventario, de compras y ventas para descartar cualquier práctica abusiva. Encontramos precios entre los $90 y $95 por quintal, son montos bajos en comparación a los hallados en otras plazas. Ya comenzamos los resultados de los monitoreos de la Defensoría», agregó.
Los funcionarios pidieron a la población que denuncie cualquier tipo de anomalía al 910 o al WhatsApp 7844-1482, para comenzar el proceso de manera inmediata.
«Tenemos 70 casos en el tribunal sancionador por incrementos injustificados de precios u obstaculizar el trabajo de la Defensoría; y 23 casos sancionados que totalizan un poco más de $94,000», dijo el presidente.
Los comerciantes están de acuerdo con las acciones que se realizan, pues son conscientes de que hay personas inescrupulosas que abusan de los precios y es necesario que haya una regulación en los mercados, pero principalmente en los grandes distribuidores. «Esta es una cadena que llega a los pequeños comercios y después a los compradores de a pie», dijo Flor Durán, comerciante de San Vicente.
A las inspecciones también acompañaron los agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada para velar que el proceso se hiciera en orden.
El Gobierno de El Salvador continuará esforzándose por salvaguaradar la economía de los salvadoreños y garantizar la seguridad alimentaria, combatiendo cualquier tipo de abuso en la comercialización.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
