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Gobierno verifica precio de granos básicos para proteger el bolsillo de la población
El Viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado; el Presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar; junto a técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía General de la República, verificaron los precios de granos básicos en el mercado municipal de San Vicente, con el fin de proteger el bolsillo de los salvadoreños.
«Estamos corroborando que haya abastecimiento de cada uno de los productos de la canasta básica e identificar diferenciación de precios, los cuales hemos encontrado. Hago un llamado a los comerciantes del país a respetar los precios, porque ante cualquier anomalía pueden ser denunciados y pueden ser objeto de un proceso sancionatorio», añadió el funcionario.
Asimismo, aseguró que los funcionarios están en territorio por mandato del Presidente Nayib Bukele, con el propósito de proteger a las familias salvadoreñas, lo que incluye sus economías.
«Somos un Gobierno responsable que nos debemos a ustedes. Como Ministro de Agricultura y Ganadería estamos vigilantes y acompañando a los productores con asistencia e insumos. Recientemente terminamos la entrega de paquetes de frijol, por lo que vamos a tener una gran cosecha para abastecer los mercados y abaratar los precios», añadió el Viceministro.
Por su parte, el presidente de la Defensoría señaló que en los últimos días se observó un aumento en el precio del frijol y el desplazamiento busca corregir esa situación.
«Esta es una zona de producción de frijol y la nueva cosecha está por salir. Estamos solicitando documentación del inventario, de compras y ventas para descartar cualquier práctica abusiva. Encontramos precios entre los $90 y $95 por quintal, son montos bajos en comparación a los hallados en otras plazas. Ya comenzamos los resultados de los monitoreos de la Defensoría», agregó.
Los funcionarios pidieron a la población que denuncie cualquier tipo de anomalía al 910 o al WhatsApp 7844-1482, para comenzar el proceso de manera inmediata.
«Tenemos 70 casos en el tribunal sancionador por incrementos injustificados de precios u obstaculizar el trabajo de la Defensoría; y 23 casos sancionados que totalizan un poco más de $94,000», dijo el presidente.
Los comerciantes están de acuerdo con las acciones que se realizan, pues son conscientes de que hay personas inescrupulosas que abusan de los precios y es necesario que haya una regulación en los mercados, pero principalmente en los grandes distribuidores. «Esta es una cadena que llega a los pequeños comercios y después a los compradores de a pie», dijo Flor Durán, comerciante de San Vicente.
A las inspecciones también acompañaron los agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada para velar que el proceso se hiciera en orden.
El Gobierno de El Salvador continuará esforzándose por salvaguaradar la economía de los salvadoreños y garantizar la seguridad alimentaria, combatiendo cualquier tipo de abuso en la comercialización.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
