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Gobierno del Presidente Nayib Bukele mantiene activas verificaciones de precios de útiles escolares para apoyar a la economía familiar
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa implementando medidas para cuidar de la economía de los salvadoreños.
Con ese objetivo, la Defensoría del Consumidor 0desarrolla el plan denominado “Defensoría Escolar 2022”, por medio del cual se realizan verificaciones en los precios de los útiles escolares y se mantiene un registro para que los padres de familia conozcan las diversas opciones del mercado.
Desde el 5 de enero que fue lanzado este plan, la Defensoría del Consumidor ha realizado jornadas de inspección en los comercios del país, para llevar un registro de precios o determinar que no existan incrementos o cobros indebidos.
Sobre ello, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, expresó: “Llevamos un poco más de 300 establecimientos que hemos visitado. Existen aspectos relacionados a verificaciones y a sondeo de precios”.
El funcionario señaló que tras concluir el primer sondeo en lo que va del mes de enero, este se encuentra el línea, en el sitio web de la institución, para que los salvadoreños puedan hacer la comparación y tener más opciones. “Los resultados de nuestro primer sondeo de precios están en nuestro sitio web. Tenemos el precio de los útiles escolares, lo cual es clave para los consumidores y padres de familia”, añadió.
Estas medidas contribuyen a que existan precios más competitivos, ya que al exponer las ofertas de cada establecimiento da paso a que el resto de los negocios presenten promociones más convenientes. “Hemos encontrado diferentes opciones de oferta, tanto en las librerías de San Salvador, como en el interior de nuestro país. Esas ofertas pueden ir desde un 10 % hasta un 20 %”, sostuvo Salazar.
Para quienes deseen hacer consultas pueden ingresar al enlace: https://www.defensoria.gob.sv/servicios/sondeos-de-precios/ donde se tiene el registro de precios de cuadernos, libros y otros insumos escolares.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
