Nacionales
Gobierno del presidente Bukele anuncia creación de una Mesa de Reactivación Económica
El presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigió anoche a los salvadoreños, desde Casa Presidencial, por cadena nacional de radio y televisión, en el marco de las tormentas que desde el fin de semana han azotado al país, causando 27 muertos, 10 desaparecidos y más de 30 mil familias afectadas. Esto, aunado a la pandemia del coronavirus.
«Como todos ustedes saben, estamos viviendo dos emergencias; una que lleva más de tres meses, y la otra que lleva una semana. La segunda ha demostrado la fragilidad de nuestro país y ha puesto a prueba a muchas cosas», dijo en sus palabras introductorias el mandatario.
El jefe de Estado anunció que en los próximos días se instalará una Mesa de Reactivación Económica que estará conformada por personal de salud como epidemiólogos, científicos y médicos; así como por sectores productivos de la empresa privada, y sindicatos. «Vamos a reactivar nuestra economía pero con inteligencia y que priorice la salud de los salvadoreños», sostuvo.
Bukele se comprometió a «reponer» las casas de las familias que perdieron la vivienda durante las tormentas, y aseguró que aquellos que perdieron sus negocios por la pandemia, se les habilitarán créditos «para que vuelvan a cumplir su sueño». Aclaró que el objetivo de su gobierno es primero resguardar la vida de los salvadoreños.
Durante la cadena, Bukele recibió los informes de sus funcionarios que están al frente de la emergencia ocasionada por el fenómeno climático, y por la pandemia de covid-19. Mario Durán, ministro de Gobernación, aseguró que el número de personas afectadas por las tormentas llega a cien mil, pero que el Gobierno solo ha atendido a 12 mil, ya que el resto ha encontrado refugio en sus familiares y otros permanecen en las zonas afectadas, cuidando sus pertenencias materiales, dijo.
«Muchas de las personas no quieren evacuar su hogar a pesar de las condiciones, pero nosotros como Gobierno estamos aquí para brindarles seguridad», enfatizó Durán.
El presidente mientras escuchaba el reporte del ministro de Obras Públicas, Romero Herrera, pidió se desmantele el monumento a la Transparencia, inaugurado en 2017 en Ciudad Merliot, por el gobierno anterior, del FMLN. Luego rectificó que solo se refería «al monumento azul», que en realidad es una escultura de 12 metros que representa a la ciudadanía y que fue abierta al público con motivo de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil.
Sobre los daños ocasionados a la infraestructura de carreteras, Herrera detalló que durante las últimas horas han ocurrido en el país 716 derrumbes. Solo en la zona de los Chorros hay 45, aseguró, y 17 en Comalapa. Mientras que se detectaron 23 en el Puerto de La Libertad, 13 en la Longitudinal del Norte, 8 en Polorós, y 6 en la carretera a Zacatecoluca.
Hasta el momento, dijo, se han identificado 21 cárcavas, de las cuales 13 ya fueron intervenidas; así como 7 puentes dañados y uno colapsado, manifestó.
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
El Gobierno de la República de Corea, a través del Instituto de Avance Tecnológico de Corea (KIAT), dependiente del Ministerio de Industria coreano, desarrolla en El Salvador el programa «Asesoría y Soluciones Tecnológicas de Corea (TASK) para el Sector de Servicios Digitales y Tecnológicos Vinculados a Fábricas Inteligentes», conocido como Smart Factories.
Este programa de cooperación para el desarrollo industrial busca elevar las capacidades digitales del sector manufacturero salvadoreño y ampliar la red de negocios entre ambos países. El programa es coordinado localmente por el Ministerio de Economía (Minec).
El proyecto, con un periodo de ejecución de 54 meses comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2027, es implementado por el Gyeongbuk Technopark, institución coreana especializada en el fomento de pequeñas y medianas empresas. En total, 20 entidades salvadoreñas —18 empresas y 2 universidades— son beneficiarias del programa.
Dos fases de asistencia técnica
La iniciativa se divide en dos etapas. La primera fase, concluida el 31 de diciembre de 2025, atendió a 10 entidades. La segunda fase, actualmente en curso, inició en julio de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, beneficiando a otras 10 entidades, entre ellas la Universidad Don Bosco, Garbal, Ingenia, Autocontrol, Pan San Antonio, Fibratecnica, Manufacturas Cavalier, Bolplan, Ingenio La Cabaña y Cacao.
Esta segunda etapa contempla un total de nueve eventos: cinco sesiones de asistencia técnica personalizada, dos programas de formación con visitas a empresas coreanas con sistemas de Fábricas Inteligentes, y dos seminarios tecnológicos dirigidos a empresas de manufactura y proveedores de soluciones digitales.
Misión oficial en El Salvador
Del 10 al 22 de mayo, una delegación de seis especialistas coreanos realizó visitas técnicas a las empresas participantes en coordinación con el Minec. La misión está integrada por Han-hyuk Kim, investigador senior de Gyeongbuk Technopark; Jae-yong Lee, consultor del Instituto Internacional de Desarrollo Agroindustrial; Young-jin Kim, director ejecutivo de K-Consulting Research Institute; Sung-min Lee, director ejecutivo de Hongjin Engineering; Doo-young Choi, vicepresidente de LSB Co., y Ki-dong Ban, director ejecutivo de Hansol Koever.
La cooperación forma parte de una estrategia bilateral que busca no solo transferir conocimiento técnico a las empresas salvadoreñas, sino también facilitar su inserción en redes de negocios con el sector productivo coreano, con miras al mercado latinoamericano.
