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Gobierno activa plan de inspecciones para proteger derechos de los consumidores durante festividades de Navidad y Fin de Año
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele trabaja, de forma articulada, para proteger los derechos de los consumidores y prevenir afectaciones al bolsillo de la población. Estos esfuerzos han sido reforzados para garantizar este objetivo, en el marco de las festividades de Navidad y Fin de Año.
Como parte del Plan Navidad 2021, la Defensoría del Consumidor, activó, ayer jueves, un operativo de inspecciones y de servicios de información, asesoría y atención de denuncias, en aspectos relacionados a la Ley de Protección al Consumidor, entre ellos, promociones, ofertas y publicidad; además, verificaciones para detectar productos vencidos, que pueden poner en riesgo la vida y salud de la población, indicó el presidente de la entidad, Ricardo Salazar.
“Estaremos pendientes de atender a los consumidores, acercando más de 75 jornadas de trabajo, que vamos a tener en 33 puntos de atención en nuestro país, principalmente en centros comerciales”, declaró.
El plan inició con un dispositivo de inspección llevado a cabo en los negocios ubicados en el centro comercial Plaza Mundo, en el municipio de Soyapango, San Salvador, liderado por el titular de la Defensoría, quien informó que entre las novedades del plan está la verificación de básculas y balanzas en supermercados, así como en establecimientos que comercializan alimentos y bebidas, para garantizar que los consumidores reciban la cantidad del producto conforme al peso que pagan.
“Queremos garantizar que el peso sea el correcto, queremos evitar abusos al consumidor, proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas”, enfatizó Salazar. “El objetivo es garantizar las mejores condiciones de seguridad para que toda la población pueda disfrutar este periodo festivo”, añadió.
La Defensoría del Consumidor pondrá a disposición de la población más de 50 canales de atención, en su mayoría virtuales, con horarios extendidos y atención durante los fines de semana; a fin de atender, promover y defender los derechos de los clientes, recalcó el presidente de la institución.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
