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Gobierno abre investigaciones contra importadores y distribuidores por incremento injustificado en el precio de los lácteos
Las inspecciones que realizan de forma articulada el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Defensoría del Consumidor (DC) y la Dirección de Impuestos Internos, del Ministerio de Hacienda, comienzan a dar resultados, informaron los funcionarios durante una inspección sorpresa realizada en el municipio de Mejicanos.
Luego de atender las denuncias ciudadanas sobre el encarecimiento de los productos lácteos importados, el Gobierno lideró un plan integral para combatir la especulación y el acaparamiento en estos productos, y según las autoridades, en algunos puntos del país los precios han bajado entre un 20% y 25% y se han abierto al menos 10 procesos investigativos.
“No hay razón para que los lácteos suban de precio, ya que los importadores no han registrado un incremento en sus facturas y la producción nacional continúa en aumento y estable”, dijo el Ministro David Martínez.
Por su parte, el presidente de la DC, Ricardo Salazar, explicó que ya se tienen en proceso varias investigaciones contra importadores, distribuidores y comercializadores; y que se encuentran ampliando y analizando la información para contar con todos los elementos que les permita establecer la especulación o hasta una acción delictiva.
“Los operativos han brindado líneas de investigación contra algunas empresas. Estamos trabajando con hacienda para determinar las acciones pertinentes (…) De determinarse que incurren en una falta, se llevará al tribunal sancionador, el cual puede dar una multa de hasta 500 salarios mínimos”, añadió Salazar.
Ante los resultados, el Ministro Martínez dijo que: “Cualquier aumento injustificado será sancionado. Hemos hecho un análisis de la situación y sabemos qué hay un tema inflacionario mundial; sin embargo, hemos visto que a los ganaderos le siguen pagando al mismo precio la botella de leche (…) Con el levantamiento de información por parte de la Defensoría del Consumidor, nos damos cuenta de que solo son ciertos lugares los que han incrementado el precio”.
El trabajo articulado del Gobierno se mantiene de manera constante, pues sin importar que es fin de semana, los funcionarios y empleados públicos velan por el bolsillo de los salvadoreños, una de las razones principales por la cual se montó un plan nacional de inspecciones a empresas importadoras y centros de distribución de lácteos.
Según el presidente de la Defensoría: “La Ley de Protección al Consumidor permite perseguir cualquier práctica abusiva que busque el incremento injustificado del precio de los productos de la canasta básica, particularmente de los alimentos”.
Durante las verificaciones de precios, las autoridades solicitan documentación de importaciones, control de inventarios, compras y ventas para ver la justificación de precios y descartar o detectar prácticas abusivas.
El Ministro Martínez y el presidente de la DC llamaron a la población a denunciar los incrementos de precios en los lácteos o productos de la canasta básica, pueden hacerlo al 910 de la Defensoría o al WhatsApp: 7844-1482.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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