Nacionales
Gobierno abre investigaciones contra importadores y distribuidores por incremento injustificado en el precio de los lácteos
Las inspecciones que realizan de forma articulada el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Defensoría del Consumidor (DC) y la Dirección de Impuestos Internos, del Ministerio de Hacienda, comienzan a dar resultados, informaron los funcionarios durante una inspección sorpresa realizada en el municipio de Mejicanos.
Luego de atender las denuncias ciudadanas sobre el encarecimiento de los productos lácteos importados, el Gobierno lideró un plan integral para combatir la especulación y el acaparamiento en estos productos, y según las autoridades, en algunos puntos del país los precios han bajado entre un 20% y 25% y se han abierto al menos 10 procesos investigativos.
“No hay razón para que los lácteos suban de precio, ya que los importadores no han registrado un incremento en sus facturas y la producción nacional continúa en aumento y estable”, dijo el Ministro David Martínez.
Por su parte, el presidente de la DC, Ricardo Salazar, explicó que ya se tienen en proceso varias investigaciones contra importadores, distribuidores y comercializadores; y que se encuentran ampliando y analizando la información para contar con todos los elementos que les permita establecer la especulación o hasta una acción delictiva.
“Los operativos han brindado líneas de investigación contra algunas empresas. Estamos trabajando con hacienda para determinar las acciones pertinentes (…) De determinarse que incurren en una falta, se llevará al tribunal sancionador, el cual puede dar una multa de hasta 500 salarios mínimos”, añadió Salazar.
Ante los resultados, el Ministro Martínez dijo que: “Cualquier aumento injustificado será sancionado. Hemos hecho un análisis de la situación y sabemos qué hay un tema inflacionario mundial; sin embargo, hemos visto que a los ganaderos le siguen pagando al mismo precio la botella de leche (…) Con el levantamiento de información por parte de la Defensoría del Consumidor, nos damos cuenta de que solo son ciertos lugares los que han incrementado el precio”.
El trabajo articulado del Gobierno se mantiene de manera constante, pues sin importar que es fin de semana, los funcionarios y empleados públicos velan por el bolsillo de los salvadoreños, una de las razones principales por la cual se montó un plan nacional de inspecciones a empresas importadoras y centros de distribución de lácteos.
Según el presidente de la Defensoría: “La Ley de Protección al Consumidor permite perseguir cualquier práctica abusiva que busque el incremento injustificado del precio de los productos de la canasta básica, particularmente de los alimentos”.
Durante las verificaciones de precios, las autoridades solicitan documentación de importaciones, control de inventarios, compras y ventas para ver la justificación de precios y descartar o detectar prácticas abusivas.
El Ministro Martínez y el presidente de la DC llamaron a la población a denunciar los incrementos de precios en los lácteos o productos de la canasta básica, pueden hacerlo al 910 de la Defensoría o al WhatsApp: 7844-1482.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
